El Gobierno de Navarra ha decidido personarse en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) contra la Ley Foral 14/2026, que introduce medidas para proteger permanentemente las viviendas de alquiler protegido en la comunidad. Esta ley fue aprobada el 25 de junio y busca garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, evitando la especulación en el mercado inmobiliario.
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha señalado que el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno será el encargado de defender la constitucionalidad de los cambios introducidos, así como el derecho de autogobierno en materia de políticas de vivienda.
Contexto del recurso de inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso nº 6911-2026, promovido por 120 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que impugna específicamente los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria única de la Ley Foral. La decisión de personarse en este procedimiento refleja la intención del Gobierno de defender los intereses generales de Navarra y la capacidad de sus instituciones para desarrollar sus competencias en vivienda.
Contenido de la Ley Foral 14/2026
La Ley Foral 14/2026 elimina la posibilidad de que ciertas viviendas protegidas en régimen de alquiler o alquiler asequible sean vendidas tras 21 años de su calificación. Además, extiende el régimen de protección indefinida a las viviendas cuya protección estaba vigente al momento de la entrada en vigor de la norma, independientemente de su fecha de calificación. Esta reforma podría beneficiar a aproximadamente 2.200 familias navarras, asegurando la continuidad del régimen de alquiler protegido y asequible.
Perspectivas del Gobierno de Navarra
El Gobierno considera que la política de vivienda debe ofrecer estabilidad y continuidad, entendiendo que la vivienda protegida no solo responde a una necesidad inmediata, sino que también es un recurso social que debe ser preservado para las generaciones futuras. La defensa ante el Tribunal Constitucional se fundamenta en que la reforma se ajusta al marco constitucional y competencial de Navarra, permitiendo a los poderes públicos adoptar medidas adecuadas para conservar el parque de vivienda protegida.
