El octavo acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, y EH Bildu no aborda adecuadamente los principales problemas sociales que afectan a la comunidad. Este pacto para el año 2027 incluye algunas medidas positivas, como el incremento de la renta mínima prevista para las pensiones, aunque no se especifica el impacto esperado de esta medida, y la ampliación del modelo D.
No obstante, la mayoría de los compromisos se limitan a declaraciones de intenciones, que se centran en plantear estudios, evaluaciones y negociaciones futuras, sin detallar financiación, plazos ni compromisos concretos.
Financiación en vivienda y servicios públicos
En el ámbito de la vivienda, el acuerdo no contempla un aumento en la financiación pública, que se mantiene en un 1,6% del total del presupuesto. Además, no se establecen objetivos claros ni mecanismos de protección frente a desahucios, más allá de los existentes hasta ahora.
Reforma fiscal y compromisos vagos
El pacto también renuncia a una reforma fiscal de calado, sin abordar cuestiones relacionadas con las rentas altas, los grandes patrimonios, los beneficios empresariales o las rentas del capital. Asimismo, se cierra la puerta a cualquier reforma fiscal que no esté vinculada al pacto con el Gobierno de Navarra.
Los principales compromisos acordados en el acuerdo son de carácter general y carecen de concreción. En los sectores de sanidad y educación se mencionan ampliaciones de recursos, revisiones de ratios y mejoras en la atención, pero sin detallar plantillas, financiación ni calendarios específicos.
Conflictos laborales y salud laboral
El acuerdo no ofrece soluciones a los conflictos laborales que dependen del Gobierno de Navarra, ni compromisos efectivos para mejorar las condiciones de las plantillas públicas. En el ámbito de la salud laboral, se plantea un nuevo plan contra la siniestralidad, pero sin garantizar recursos adicionales para la prevención y la inspección.
Según el sindicato ELA, el balance de estos ocho acuerdos presupuestarios es negativo, ya que la política presupuestaria y fiscal apenas ha experimentado cambios significativos, y las necesidades sociales, como la vivienda y el deterioro de la salud pública, siguen sin ser atendidas. ELA sostiene que el Gobierno de Navarra y EH Bildu han tenido múltiples oportunidades para impulsar cambios estructurales, pero han optado por el continuismo.
