El Gobierno ha decidido aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3 % en 2027, situándolo en 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas. Esta medida se encuentra en el marco de un real decreto que el Ministerio de Trabajo ha sometido a audiencia e información pública.
La subida propuesta supera la recomendación de la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, la cual sugería un incremento del 4,9 %. Esta propuesta fue presentada a los agentes sociales sin entrar en detalles sobre la negociación.
El plazo para presentar aportaciones al proyecto de norma concluirá el próximo 16 de noviembre, tras lo cual se prevé su aprobación por el Consejo de Ministros.
Objetivos y contexto de la medida
Según el texto del real decreto, esta subida busca garantizar una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a los trabajadores y sus familias un nivel de vida decoroso. Además, se mantiene el objetivo de que el SMI alcance el 60 % del salario medio, conforme a lo establecido en la Carta Social Europea.
Es relevante destacar que esta es la primera vez que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa un real decreto de aumento del SMI sin el consenso de los sindicatos. Estos habían solicitado un incremento del 7 % y advertido que, sin abordar la compensación y absorción de pluses y complementos, no sellarían un acuerdo.
Reacciones de los agentes sociales
Desde la patronal, se ha calificado de electoralista esta medida, que podría ser aprobada en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. Se ha solicitado más tiempo para el diálogo sobre este tema.
El Gobierno tiene la autoridad para aprobar el incremento del SMI previa consulta a los agentes sociales, dado que, al tratarse de un real decreto, no requiere el visto bueno de las Cortes. Esto le permitiría llevar a cabo la medida incluso en funciones tras los comicios.
Posición de los sindicatos y el Gobierno
Yolanda Díaz defendió que la subida del SMI no debe retrasarse por la convocatoria electoral, argumentando que “todas las empresas deben saber el 1 de enero cuál es el salario mínimo”.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, enfatizó la urgencia de la medida, mientras que los sindicatos reiteraron su demanda de un aumento del 7 %, considerando la desviación del IPC para 2026 y la proyección para 2027.
Además, los sindicatos exigieron la aprobación de una norma que impida la absorción de los pluses para compensar la subida del SMI y pidieron aclaraciones sobre el impacto fiscal de esta medida.
La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que el SMI seguirá exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Actualmente, los trabajadores que perciben el SMI (17.094 euros) se benefician de una deducción de 591 euros, garantizando que no tributen independientemente de sus circunstancias personales. La actualización de esta deducción requerirá una reforma legal que se deberá aprobar en la Diputación Permanente o, previsiblemente, por el nuevo Gobierno que surja de las urnas en 2027.
