El sindicato UGT ha convocado una huelga general el próximo 11 de noviembre, con el objetivo de exigir salarios dignos y una vivienda asequible, en respuesta a una inflación que se sitúa en el 4,9%. Esta cifra representa un incremento de seis décimas respecto al mes anterior y es la más alta desde febrero de 2023.
La inflación, impulsada principalmente por el encarecimiento de los productos energéticos, ha comenzado a afectar a otros componentes de la cesta de consumo, lo que amenaza el poder adquisitivo de los trabajadores. En septiembre, los carburantes aumentaron un 5,1%, mientras que la electricidad y el gas subieron un 1,8% y un 0,6%, respectivamente. En conjunto, los productos energéticos se encarecieron un 4% en comparación con agosto.
A pesar de las medidas fiscales implementadas para mitigar este impacto, la situación sigue siendo preocupante. La inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos frescos, ha alcanzado el 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024.
Desigualdad en el acceso a la vivienda
El aumento de precios no solo afecta a los productos básicos, sino que también se refleja en el mercado de la vivienda. La compraventa de propiedades ha crecido de manera continua durante 12 años, con incrementos superiores al 10% en los últimos siete trimestres. En las grandes ciudades, los alquileres han alcanzado niveles inalcanzables, dejando a más del 43% de los inquilinos en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 31,3% de la media europea.
La falta de acceso a una vivienda digna ha llevado a muchas personas, especialmente a los jóvenes, a situaciones de precariedad, obligándolos a compartir piso o a convivir con exparejas. Esta crisis de vivienda ha generado una creciente desigualdad, concentrando la riqueza en quienes se benefician de las rentas inmobiliarias.
Demandas del sindicato
UGT ha subrayado que la crisis de precios no se distribuye equitativamente, ya que los trabajadores asumen el aumento de precios mientras que las empresas, especialmente en el sector inmobiliario y energético, mantienen márgenes de beneficios históricos. Para abordar esta situación, el sindicato exige una subida del 7% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, así como la reactivación de la negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que debe incluir cláusulas que garanticen incrementos salariales superiores a la inflación.
Además, UGT reclama que el nuevo AENC contemple cláusulas de vivienda que faciliten el acceso a una vivienda digna, especialmente en áreas con alta demanda residencial. La situación actual, donde el aumento del SMI acordado para 2026 se sitúa por debajo de la inflación, compromete la capacidad de compra de quienes perciben este salario.
La huelga general del 11 de noviembre busca llamar la atención de todas las administraciones y organizaciones empresariales, instándolas a adoptar medidas que garanticen salarios suficientes y un acceso equitativo a la vivienda. UGT sostiene que quienes sostienen la economía con su trabajo no pueden seguir asumiendo el costo de la crisis.
“El 11 de noviembre, UGT llama a la clase trabajadora a parar para exigir salarios dignos y una vivienda asequible”, concluye el sindicato.
