El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley 25/2026, que da continuidad a las medidas implementadas desde marzo para hacer frente al impacto del aumento de los precios de la energía, los carburantes y sus derivados. Esta normativa prorroga hasta el 31 de diciembre las ayudas que vencían a finales de septiembre, en un contexto de tensiones energéticas exacerbadas por el conflicto en Oriente Medio y su repercusión en los mercados internacionales.
El decreto establece un paquete integral de medidas que combina acciones coyunturales, destinadas a mitigar el impacto inmediato de la crisis, con reformas estructurales que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la electrificación y aumentar la capacidad de adaptación del sistema energético y productivo.
Medidas destacadas del Real Decreto-ley 25/2026
- Las ayudas al transporte profesional, agricultura, ganadería y pesca se mantienen, así como la rebaja progresiva de los precios de los carburantes, que se ajustará en función de la evolución del mercado.
- Las rebajas fiscales a la electricidad y al gas estarán condicionadas a un nuevo repunte de precios.
- Se limita la subida de la Tarifa Única Regulada (TUR) y se establece un precio máximo para la bombona de butano.
- Las empresas que reciben ayudas no podrán realizar despidos hasta el 31 de diciembre de 2026, y deberán cumplir con planes de movilidad sostenible para acceder a las ayudas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será responsable de analizar la traslación de estas medidas a los precios finales y la evolución de los márgenes de beneficio en los mercados energéticos y alimentarios, con el objetivo de formular recomendaciones para mejorar la eficacia de las ayudas.
Desde CCOO, se ha enfatizado la necesidad de que los recursos públicos y las rebajas fiscales sirvan para contener los precios y no para aumentar los márgenes empresariales. El sindicato considera crucial el seguimiento de la inflación y la efectividad de las medidas adoptadas, advirtiendo que si el aumento de los precios energéticos se extiende a otros bienes y servicios, será necesario implementar nuevas acciones para proteger las rentas de los trabajadores y evitar una pérdida de poder adquisitivo.
Entre las propuestas presentadas por CCOO se incluye una ayuda focalizada de 300 euros para familias con rentas inferiores a la media y la reactivación de la excepción ibérica, que establece un tope al precio del gas en el sistema de fijación de precios de la electricidad.
Finalmente, CCOO ha instado a las organizaciones empresariales a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que aborde el aumento de precios y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios.
