La Diputación de Ciudad Real ha aprobado una nueva convocatoria del Plan de Empleo para Entidades Sin Ánimo de Lucro, dotada con 335.104 euros. Esta iniciativa tiene como objetivo principal favorecer la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social mediante proyectos desarrollados por entidades del Tercer Sector en la provincia.
La portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, ha destacado que esta medida impulsará oportunidades de inserción laboral y respaldará la actividad de organizaciones que desempeñan una función social relevante en el territorio. Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y estarán destinadas a financiar programas que contemplen la contratación de personas con dificultades para acceder al mercado laboral.
Además, la convocatoria busca mejorar las posibilidades de empleabilidad de los participantes a través de acciones de orientación laboral y formación profesional, de modo que la experiencia adquirida durante el desarrollo de los proyectos facilite su posterior incorporación al mercado laboral.
Las entidades sin ánimo de lucro que podrán acceder a estas subvenciones son aquellas que hayan recibido ayudas en el marco de la convocatoria de la Dirección General de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Zarco ha subrayado la importancia del trabajo de las organizaciones del Tercer Sector, considerándolas fundamentales para atender necesidades sociales y llegar a colectivos en situaciones donde la intervención de las administraciones públicas resulta insuficiente. La convocatoria combina dos objetivos prioritarios: favorecer la inserción laboral de personas vulnerables y fortalecer la capacidad de actuación de las entidades sociales en la provincia.
En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno ha aprobado una convocatoria de subvenciones por un total de 60.000 euros destinada a los ayuntamientos de la provincia que mantienen agrupaciones para compartir el puesto de secretaría-intervención. Esta fórmula permite reducir los costes de personal y garantizar el ejercicio de estas funciones en localidades de menor población.
Zarco ha explicado que muchos municipios enfrentan dificultades económicas para asumir el coste de un funcionario de habilitación nacional, especialmente aquellos de menor tamaño. La Diputación contempla la agrupación voluntaria de entidades locales como una alternativa que permite distribuir los gastos entre varios ayuntamientos sin menoscabar los derechos de los funcionarios ni las garantías en la prestación de los servicios públicos.
La convocatoria establece que ninguna de las entidades que integren una agrupación podrá superar los 1.500 habitantes, y cada agrupación estará formada por un máximo de dos entidades locales, cuya población conjunta no podrá exceder los 2.000 habitantes. La cuantía que recibirá cada agrupación dependerá de las solicitudes presentadas y de la distribución de la partida presupuestaria.
Durante el turno de preguntas, Zarco aclaró que se trata de una línea de ayudas que ya existía el año anterior y a la que los municipios interesados deberán concurrir mediante la correspondiente solicitud. También destacó la importancia de garantizar la presencia de estos profesionales en los municipios más pequeños, donde desempeñan funciones esenciales para el funcionamiento administrativo, económico y presupuestario de los ayuntamientos.
Por último, la portavoz del Gobierno de la Diputación enmarcó ambas convocatorias en los objetivos de facilitar recursos a los municipios, especialmente a los de menor población, fomentar el empleo y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia. Estas líneas de ayudas están vinculadas al compromiso de combatir la despoblación y garantizar que los municipios pequeños puedan seguir prestando servicios públicos en condiciones adecuadas, independientemente de su tamaño y capacidad económica.
