ELA ha instado a los gobiernos de Pradales y Chivite a no aprobar los presupuestos sin destinar al menos el 1% del PIB a políticas de vivienda. La organización sindical propone la creación de una banca pública para fomentar la construcción de viviendas y la aplicación de un impuesto que permita movilizar 40.000 viviendas vacías.
La huelga general del 11 de noviembre ha sido considerada un punto de inflexión en las políticas de vivienda de Hego Euskal Herria, con la participación de 200.000 personas en las movilizaciones. Este movimiento busca poner fin a la especulación inmobiliaria y reivindicar que la vivienda sea un derecho garantizado, no un negocio.
Amaia Muñoa, secretaria general adjunta de ELA, ha calificado la jornada de huelga como un hito en la movilización sindical y social, destacando que es el resultado de un largo trabajo de organización por parte de los sindicatos de vivienda en la región. Muñoa ha subrayado que los gobiernos deben escuchar las demandas de la mayoría social y tomar medidas urgentes ante la crisis de vivienda.
Según Muñoa, las decisiones políticas de las últimas décadas han priorizado los intereses empresariales sobre el derecho a la vivienda, lo que ha llevado a un modelo que genera pobreza y desigualdad. Ha criticado que los gobiernos de Pradales y Chivite han favorecido el negocio de las constructoras y han permitido el desmantelamiento de la vivienda protegida.
Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha señalado que la falta de voluntad política se refleja en los presupuestos para 2027, donde el Gobierno Vasco destina solo el 2,8% de su presupuesto a vivienda y el Gobierno de Navarra apenas el 1,6%. Lakuntza ha enfatizado que estos presupuestos ignoran la crisis habitacional y dan la espalda a quienes buscan acceder a una vivienda digna.
La escasa inversión pública ha llevado a que el parque de vivienda protegida en alquiler represente solo el 2,6% del total en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 2% en Navarra, cifras que están muy por debajo de la media europea. ELA sostiene que no se puede garantizar el derecho a la vivienda con un parque público tan reducido.
La movilización del 11 de noviembre ha llevado a ELA a exigir acciones concretas de los gobiernos, entre las que se incluyen:
- Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
- Impedir la compra de viviendas y suelo por parte de empresas con fines especulativos.
- Limitar y reducir progresivamente las viviendas turísticas para priorizar el derecho a la vivienda.
- Implementar un impuesto efectivo sobre las viviendas vacías.
- Aumentar el presupuesto para vivienda hasta alcanzar el 1% del PIB en la CAPV y 300 millones en Navarra a corto plazo.
- Crear una banca pública para financiar la construcción de vivienda protegida.
- Aprobar reformas legislativas para garantizar la calificación permanente de las viviendas protegidas.
ELA ha dejado claro que continuar con las mismas políticas tras la movilización del 11 de noviembre sería ignorar las demandas de miles de trabajadores que exigen un cambio en la política de vivienda.
