El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Moisés Rodríguez, ha destacado las medidas estratégicas implementadas por el Gobierno gallego para que más familias puedan acceder a una vivienda digna a precios accesibles. En su intervención, Rodríguez contrastó el compromiso de la Xunta con la "programación, hechos y en inversiones" frente a la "propaganda electoralista" del Gobierno de Pedro Sánchez.
Para el año 2027, la Xunta destinará casi 520 millones de euros a políticas de vivienda, lo que representa un incremento del 50% en comparación con 2026. En cuanto al desarrollo de vivienda de promoción pública, la inversión alcanzará los 326 millones de euros, duplicando la cifra del año anterior.
Compromiso con la vivienda pública
Rodríguez subrayó que "Galicia no improvisa su política de vivienda", haciendo hincapié en el objetivo del Gobierno gallego de convertir la vivienda en uno de los pilares fundamentales de esta legislatura. Actualmente, hay más de 4.600 viviendas de promoción pública (VPP) en marcha, con la meta de duplicar el parque público residencial hasta alcanzar las 8.000 viviendas en 2028, todas ellas con cualificación permanente.
El diputado también mencionó la Estrategia Gallega de Suelo Residencial, que permitirá desarrollar terreno para aproximadamente 25.000 nuevas viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas. Además, se han impulsado modificaciones normativas para dinamizar el mercado, como la conversión de locales comerciales en viviendas y la recuperación de edificios inacabados.
Nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda
Entre las nuevas iniciativas, se incluyen medidas para que más familias accedan a una vivienda pública protegida, elevando el umbral de ingresos a 4 veces el IPREM (4,5 para familias numerosas) y reservando el 30% de las viviendas públicas en venta para personas de entre 36 y 45 años con hijos pequeños. También se destinará el 20% de las nuevas VPP a quienes estén inscritos en el registro de demandas con más de cinco años de antigüedad.
Rodríguez criticó la gestión del Gobierno central, señalando la improvisación en la elaboración de dos decretos ley y su ineficacia, evidenciada por la retirada de viviendas del mercado de alquiler y el aumento de la inseguridad jurídica para los propietarios. "El Estado debería construir vivienda, incentivar la protegida y movilizar las vacías", afirmó.
Consecuencias de la declaración de zonas tensionadas
El parlamentario popular también se refirió a las consecuencias de la declaración de zonas tensionadas, calificándola de medida fracasada. En La Coruña, el número de contratos ha disminuido un 60%, mientras que en Santiago, en el primer mes desde la implementación de la medida, la reducción fue del 55%.
Para concluir, Rodríguez reafirmó que el PPdeG sigue siendo el único valor seguro para garantizar el derecho a una vivienda digna.
