El Defensor del Pueblo ha presentado un informe titulado La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico, que contiene 35 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para mejorar el acceso a una vivienda digna, conforme al artículo 47 de la Constitución Española.
Este informe, resultado de una investigación iniciada en junio de 2025, se ha elaborado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como los diez ayuntamientos más poblados de España. La iniciativa responde al aumento de quejas ciudadanas en materia de vivienda en los últimos años.
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha expresado su esperanza de que las recomendaciones incluidas en el informe contribuyan a que las políticas públicas satisfagan el derecho a una vivienda digna y adecuada en condiciones asequibles. Gabilondo ha enfatizado que este derecho es fundamental para la calidad de vida y el bienestar social, y está interrelacionado con otros derechos constitucionales.
Recomendaciones clave del informe
El informe insta a las administraciones públicas a coordinar y evaluar políticas a corto, medio y largo plazo para garantizar la asequibilidad en el acceso y mantenimiento de la vivienda. Entre las recomendaciones destacan:
- Aumentar la inversión pública en la creación de vivienda pública, alineándose con los estándares de otros países europeos.
- Incrementar el parque de vivienda pública y protegida, asegurando que se destine principalmente al alquiler y no a la venta.
- Establecer medidas extraordinarias para proteger a las personas vulnerables frente a desahucios.
- Incentivar la movilización de viviendas desocupadas hacia el alquiler asequible mediante medidas fiscales y acuerdos con grandes tenedores.
- Coordinar las políticas de vivienda y suelo para asegurar la eficacia en la construcción de viviendas protegidas.
Impacto en la población vulnerable
El informe también destaca la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda para colectivos en situación de vulnerabilidad, como familias monoparentales, víctimas de violencia de género, jóvenes, personas con discapacidad y mayores. Se subraya la importancia de contar con un parque de viviendas de protección pública que actúe como regulador del mercado, moderando los precios, especialmente en períodos de crisis.
Finalmente, se señala que, mientras se trabaja en el aumento del parque de vivienda pública, es esencial que se implementen ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas con eficacia, evitando demoras en la resolución de solicitudes.
