Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, ha exigido la paralización del desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad que reside en un edificio de la Sareb, ubicado en la Plaza del Asilo, número 5, en Narón. Esta solicitud se produce en un contexto donde la familia enfrenta la ejecución del lanzamiento programado para el próximo sábado.
Rego, acompañado por los concejales de Narón, Geno Carballeiro y Olalla Ledo, así como por diversas personas afectadas por las prácticas de la Sareb, ha denunciado la situación crítica que viven estas familias. Durante la rueda de prensa, se recordaron otros casos de desahucios en el mismo edificio y en otros inmuebles de la Sareb en Narón y en diferentes localidades de Galicia.
“La entidad, de capital mayoritariamente público, no supervisa ni inspecciona las viviendas, que son gestionadas por empresas intermediarias que han demostrado llevar a cabo prácticas de intimidación para maximizar sus beneficios”, declaró Rego.
El diputado nacionalista ha calificado de “irresponsable” la actuación de la Sareb al desentenderse de la situación de estas familias, muchas de las cuales tienen niños y carecen de alternativas de vivienda asequibles. “La Sareb debe rectificar y retirar la orden de desahucio”, afirmó.
Rego ha propuesto que la solución para estas familias pase por la formalización de un nuevo contrato de alquiler social con los inquilinos afectados, subrayando que “no valen excusas” y que los derechos de estas personas deben ser garantizados para que puedan vivir de manera digna y tranquila, sin la amenaza constante de un desahucio.
El diputado también ha instado al Gobierno a actuar con urgencia para detener todos los desahucios en propiedades de la Sareb, cuestionando la falta de acción en este ámbito mientras se anuncian decretos de urgencia para frenar desahucios hasta 2030.
Finalmente, Néstor Rego ha reiterado la demanda del BNG para que se transfiera el parque inmobiliario de la Sareb en Galicia a una bolsa de vivienda pública destinada al alquiler social. Además, ha solicitado la implementación de medidas para controlar el aumento de precios, como la regulación de los alquileres y los intereses de las hipotecas, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y modificar la legislación vigente en protección de los inquilinos.
