Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 9,5 millones de personas, lo que representa el 19,5 % de la población en España, se encuentran en riesgo de pobreza monetaria. En Galicia, el último informe de EAPN Galicia revela un preocupante aumento de la pobreza y la exclusión social, con una tasa AROPE —indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social— que alcanzó el 22,1 % en 2025. Esto implica que cerca de 600.000 gallegos y gallegas se encuentran en esta situación, 91.000 más que en 2024.
Diversos factores agravan la pobreza monetaria en la región. La composición del hogar y el acceso a la vivienda son determinantes en la vulnerabilidad económica. Las familias monoparentales enfrentan mayores dificultades, mientras que el coste del alquiler intensifica el riesgo de pobreza. Según EAPN Galicia, en 2024, el 36,1 % de las personas que vivían de alquiler a precio de mercado se encontraban en riesgo, en comparación con el 14,8 % de quienes tenían vivienda en propiedad.
El papel del Estado y las pensiones
La acción protectora del Estado es fundamental para mitigar la pobreza. Sin las prestaciones públicas, el riesgo de pobreza se multiplicaría. En este contexto, el sistema público de pensiones juega un papel crucial al sostener los ingresos de los hogares. Galicia, con una población notablemente envejecida, depende en gran medida de las pensiones para evitar una tasa de exclusión social aún mayor.
La reciente reforma de pensiones de 2023, que introduce una garantía de suficiencia vinculada a las cuantías de las pensiones mínimas y no contributivas, ha sido un avance significativo. CCOO ha desempeñado un papel clave en esta reforma, asegurando la actualización de las pensiones con el IPC y estableciendo un suelo social para los más vulnerables, aunque algunos tramos siguen siendo insuficientes.
Desempleo y políticas de inclusión
Además de las pensiones, las prestaciones por desempleo y los sistemas de garantía de rentas mínimas son esenciales. CCOO ha instado a modificar la Ley de inclusión social de Galicia para asegurar una complementariedad entre la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mejorando su vinculación con las políticas activas de empleo.
Emergencia habitacional y precariedad laboral
El régimen de tenencia de la vivienda se presenta como un pilar básico en las políticas de erradicación de la pobreza. El aumento de los precios ha generado una emergencia habitacional en Galicia, siendo un factor determinante en el incremento de la pobreza entre los jóvenes de 18 a 34 años, que ha alcanzado el 27 %. Es imperativo reforzar las ayudas al alquiler y consolidar las moratorias antidesahucios para proteger a las familias vulnerables.
El incremento general de precios también exige un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para garantizar el poder adquisitivo. Actualmente, en Galicia, 3 de cada 10 personas en situación de pobreza están trabajando, lo que refleja la precariedad laboral, especialmente en sectores con menor cualificación y en aquellos fuertemente feminizados, como la hostelería y la construcción.
Pobreza energética
Finalmente, el encarecimiento de la energía ha acentuado la pobreza energética, afectando a los hogares más vulnerables. Es urgente mejorar el acceso al bono social eléctrico, facilitando su tramitación automática para que todos los perceptores del IMV puedan beneficiarse de este derecho de manera efectiva.
