Compromís ha exigido la reanudación inmediata de la comisión de investigación de Les Naus en Les Corts Valencianes, acusando a Vox de encubrir a los responsables políticos del escándalo después de dejar sin fecha las comparecencias previstas para los días 20 y 22 de octubre.
La portavoz de Vivienda de la coalición, María José Calabuig, ha reclamado un calendario público que garantice la continuidad de los trabajos y permita aclarar las responsabilidades en la adjudicación de estas viviendas protegidas, que acabaron en manos de cargos del Ayuntamiento de Alicante y del Consell del Partido Popular.
Han transcurrido 19 días desde que la presidenta de la comisión, la diputada de Vox Ana Vega, registró el 8 de octubre un escrito para posponer las dos sesiones, sin concretar una fecha alternativa. A día de hoy, la comisión lleva tres meses sin reunirse.
Calabuig considera que la posición de la ultraderecha funciona como una cortina de humo para no investigar un caso que «muestra la realidad de la política de vivienda que promueven PP y Vox: proteger los intereses de unos pocos mientras la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para acceder a una casa».
«Han pasado los días 20 y 22 de octubre, cuando debíamos retomar la investigación del escándalo de Les Naus», ha explicado Calabuig, «y continuamos sin una nueva convocatoria. Ana Vega debe explicar cuándo piensa retomar la investigación y por qué los alicantinos y las alicantinas deben seguir esperando».
La diputada ha rechazado que el proceso electoral sirva de justificación para mantener paralizada la comisión: «Vox justificó el aplazamiento por las elecciones. Precisamente cuando la ciudadanía debe tomar decisiones es cuando más información necesita. La rendición de cuentas no puede quedar subordinada al calendario que más convenga al PP y a Vox. Les Corts no pueden cerrar por conveniencia electoral».
«Vox está demostrando ser un partido miserable», ha continuado, «y una marioneta en manos de los intereses más corruptos, encubriendo a quienes consideramos responsables políticos de este escándalo: el alcalde Barcala, Carlos Mazón y la consellera Susana Camarero. Los alicantinos y las alicantinas, así como el resto de la ciudadanía valenciana, quieren saber la verdad y si la política de vivienda pública vuelve a ser una herramienta de saqueo de la administración para el PP y la ultraderecha», ha recalcado la portavoz.
Asimismo, Calabuig ha reclamado que la presidencia de la comisión ponga fin a la indefinición: «Demandamos una fecha, un calendario público y la recuperación de todas las comparecencias pendientes. Cada semana que pasa sin investigar es una semana más sin respuestas sobre qué falló en la adjudicación de estas viviendas protegidas».
