El Gobierno de Navarra ha presentado su anteproyecto de presupuesto para 2027, que ha sido objeto de críticas por parte del sindicato ELA debido a la escasa asignación de recursos a vivienda, que se sitúa en solo el 1,6% del total del presupuesto. Esta cifra refleja una clara desatención a las reivindicaciones surgidas durante la huelga general, donde se exigía una mayor inversión en este ámbito.
ELA denuncia que la política presupuestaria está condicionada por la aportación al Estado, el pago de la deuda pública y los peajes en la sombra, que representan aproximadamente el 21,5% del presupuesto total, es decir, 1.563,3 millones de euros. En este contexto, el sindicato critica que el presupuesto de vivienda, que asciende a 117,8 millones de euros, es totalmente insuficiente para garantizar el derecho efectivo a la vivienda.
Críticas a la falta de participación
Según ELA, el proceso de elaboración de los presupuestos no ha sido participativo, ya que la reunión del Consejo Económico y Social (CES) se ha limitado a un mero trámite legal, sin considerar las aportaciones de los ciudadanos y organizaciones. Además, el presupuesto de 2027 no incorpora el superávit acumulado de años anteriores, que se destinará principalmente a infraestructuras, dejando de lado áreas críticas como la sanidad y la educación.
Inversiones insuficientes en salud y educación
La inversión en salud y educación también ha sido objeto de críticas. Navarra se encuentra 504 millones de euros por debajo de la media de la Unión Europea en salud y 415 millones en educación. ELA ha señalado que estas cifras evidencian una falta de compromiso por parte del Gobierno para abordar las necesidades sociales de la población navarra.
Demandas de ELA
ELA ha reclamado al Gobierno de Navarra que aumente el gasto público y garantice el derecho a la vivienda, así como que se lleve a cabo una reforma fiscal profunda que permita una política presupuestaria más justa y equitativa. En este sentido, el sindicato ha valorado negativamente el anteproyecto de presupuesto presentado y ha reiterado la necesidad de una política que responda a las demandas sociales, especialmente en el contexto de la reciente huelga general del 11 de noviembre.