ELA ha instado al Gobierno de Navarra y a sus socios a no aprobar un presupuesto que destine únicamente un 1,6% a vivienda. En respuesta a esta situación, el sindicato ha convocado una huelga para exigir al Ejecutivo foral y a los ayuntamientos que utilicen sus competencias para prohibir la compra de viviendas por parte de empresas, expropiar propiedades a fondos buitre, aumentar el parque público de alquiler y crear una banca pública que contrarreste el abuso de los bancos.
Recientemente, ELA presentó un informe sobre la crisis de vivienda en Hego Euskal Herria, donde se analiza cómo el actual modelo inmobiliario genera pobreza y desigualdad. El informe denuncia la insuficiencia de las políticas públicas y propone medidas para combatir la especulación y garantizar el derecho a la vivienda.
Impacto del alquiler en la desigualdad social
Según el informe, en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y Navarra se destinan 1.338 millones de euros anuales a alquileres. De esta cantidad, el 40% de la población con menores ingresos asume el 62% de la factura, mientras que el 20% más rico recibe el 55% de los ingresos generados por los arrendamientos. Estos datos evidencian cómo el alquiler se ha convertido en un mecanismo de transferencia de riqueza de los más desfavorecidos hacia quienes concentran la propiedad.
El sector hipotecario también presenta cifras preocupantes, con una hipoteca media en Navarra que implica el pago de 60.000 euros en intereses a los bancos. Además, el 30% del parque de alquiler en Navarra está en manos de grandes tenedores, de los cuales 8 de cada 10 son fondos de inversión y fondos buitre.
Consecuencias de la crisis de vivienda
La vivienda se ha convertido en un factor clave en el empobrecimiento de la población. La tasa de riesgo de pobreza aumenta del 17,1% al 25,7% tras el pago de la vivienda, y en el caso de quienes alquilan, esta tasa se eleva del 41% al 68%. Desde 2015, el precio de compra de viviendas en Navarra ha crecido un 63%, mientras que los salarios solo han aumentado un 32%. La escasez de vivienda protegida, especialmente de alquiler, agrava aún más la situación, con un 95% de la vivienda protegida en Navarra destinada a convertirse en privada en los próximos años, mientras que 24.721 personas esperan una vivienda protegida.
Responsabilidades del Gobierno y propuestas de ELA
ELA sostiene que esta situación no es inevitable, sino que es resultado de políticas de vivienda inadecuadas que han beneficiado a empresas constructoras y bancos en detrimento del alquiler público. Actualmente, el alquiler protegido representa solo el 2% en Navarra, en comparación con el 6,5% de media en Europa.
Imanol Pascual, coordinador de ELA-Nafarroa, ha señalado que “han pasado 11 años desde que entró el Gobierno del cambio, y la situación ha empeorado”. Además, ha criticado que el presupuesto de 2027 destine solo un 1,6% a vivienda, menos que a los peajes en la sombra. ELA exige a los partidos que apoyan el presupuesto que reconsideren esta asignación.
Propuestas de ELA para abordar la crisis
- Prohibir los desahucios sin ofrecer una alternativa habitacional.
- Prohibir la especulación inmobiliaria y expropiar viviendas a fondos que incumplan su función social.
- Crear una banca pública para contrarrestar el abuso de los bancos tradicionales.
- Intervenir los precios del alquiler y establecer índices que permitan reducirlos.
- Aumentar significativamente el parque público de alquiler, destinando el 1% del PIB a vivienda a corto plazo, con un objetivo progresivo del 2%.
- Cambiar la fiscalidad de la vivienda, eliminando beneficios fiscales a propietarios y gravando más a los grandes tenedores.
- Reclamar competencias plenas para regular el alquiler, la propiedad y la protección frente a desahucios.
Finalmente, ELA destaca la importancia de la movilización social y sitúa la huelga general del 11 de noviembre como una oportunidad para transformar las actuales políticas de vivienda.
