UGT y CCOO han expresado su apoyo a la propuesta de aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, que se establece en 1.286 euros mensuales, tras la aprobación del Real Decreto por parte del Consejo de Ministros. Este incremento del 5,3% eleva el SMI a 42,87 euros diarios, lo que se traduce en una cuantía anual de 18.004 euros, es decir, 910 euros más que en 2026.
Desde 2016, el SMI ha experimentado un incremento acumulado del 75%, un aumento que ha coexistido con la creación de empleo, el crecimiento económico, el aumento de los beneficios empresariales y la mejora de la productividad real en España. Estos avances han contribuido a reducir la pobreza laboral y a cerrar la brecha salarial de género.
El Gobierno, a través de esta subida del SMI, reafirma su compromiso de alcanzar el objetivo del 60% del salario medio neto, tal como establece la Carta Social Europea. Esta medida incluye garantías específicas para trabajadores temporales, que recibirán 60,88 euros por jornada, y para empleados del hogar, con un salario de 10,06 euros por hora.
UGT y CCOO también han destacado que el Real Decreto Ley exime de tributación por IRPF las percepciones del SMI, lo que implica que la revalorización se traducirá en un incremento neto para los beneficiarios.
Ambos sindicatos han instado al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo para la subida del SMI en 2026, incluyendo la tramitación definitiva del Real Decreto que implementa parcialmente la directiva de salarios mínimos adecuados europeos. Este decreto introduce nuevas reglas sobre la compensación y absorción del SMI, con el objetivo de evitar que los pluses salariales sean absorbidos por futuros incrementos.
Además, el Real Decreto establece la obligación de contar con la información del Observatorio de Márgenes Empresariales en las negociaciones de convenios colectivos, lo que busca fortalecer la cobertura de la negociación colectiva en el país.
Los sindicatos también han subrayado la necesidad de que el Gobierno cumpla con su compromiso en materia de registro horario, aprobando el Real Decreto correspondiente antes de que finalice la legislatura. Esta medida es crucial para el control efectivo de las jornadas laborales y la lucha contra el abuso de horas extraordinarias.
Por último, UGT y CCOO han resaltado la importancia de la revisión salarial del personal de empleo público, que se prevé en un 4,5% para 2027, un incremento acordado con el Gobierno en noviembre de 2025, que permitirá mantener el poder adquisitivo de aproximadamente tres millones de trabajadores.