CHA-Frente Amplio Aragón ha dado a conocer las líneas maestras de su programa electoral para las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre. En un acto que tuvo lugar recientemente, la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, y el número 2 de la candidatura, Jesús García, expusieron sus propuestas centradas en la vivienda y las infraestructuras.
Jesús García destacó la intención de asegurar una mayoría progresista que permita cambiar las políticas actuales, enfatizando la necesidad de prohibir el fraude en los alquileres y de equiparar las pensiones al salario mínimo. “Queremos que los ricos paguen lo que les corresponde, con un voto como una casa”, afirmó García.
En cuanto a las medidas específicas, la coalición propone garantizar el acceso a una vivienda digna y salarios que permitan a los ciudadanos vivir sin la presión de los altos precios de los servicios y productos básicos. García subrayó la importancia de mantener unos servicios públicos robustos, advirtiendo que “privatizar lo público es el camino más corto para que solo unos pocos tengan privilegios”.
CHA-Frente Amplio Aragón aspira a convertirse en una fuerza determinante en Madrid para impulsar medidas que amplíen los derechos de los trabajadores y protejan a los sectores más vulnerables. En el ámbito de la vivienda, la coalición exige una legislación que garantice efectivamente el derecho a un hogar.
En el plano de los derechos laborales y pensiones, García abogó por la protección efectiva de los derechos de la clase trabajadora y por una pensión mínima que esté legalmente equiparada al Salario Mínimo Interprofesional. También hizo hincapié en la necesidad de una reforma fiscal progresiva que haga que quienes más tienen contribuyan más, para así sostener el Estado del bienestar.
Marina Rodríguez, por su parte, presentó la Agenda Aragonesa, que incluye propuestas para garantizar un futuro digno para todos, sin importar su lugar de residencia. Además, se comprometió a tomar medidas contra el extractivismo que afecta a los paisajes aragoneses y a vaciar los pueblos de recursos, así como a seguir reclamando las infraestructuras necesarias para Aragón y una mejora en la financiación y autogobierno de la comunidad.
