MÉS per Palma ha manifestado su condena ante el desalojo de la acampada por el derecho a la vivienda en plaza de España, realizado por la Policía Local bajo la orden del alcalde Martínez. La formación considera que esta actuación del gobierno del PP constituye un ataque al derecho de protesta y pone de manifiesto la verdadera intención de la Ordenanza Cívica del PP: reprimir las reivindicaciones sociales.
«Es terrible. A una semana de la huelga general por la vivienda, el alcalde decide expulsar a las personas que luchan para que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder dignamente a un derecho reconocido por la Constitución. En lugar de escucharlas, envía a la policía», ha denunciado el candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol.
MÉS exige explicaciones por el desalojo, el cual se llevó a cabo sin la autorización de la Delegación del Gobierno. La formación solicita al Ayuntamiento que haga públicas las órdenes y los informes jurídicos que justifican el operativo y que aclare si la Policía Local actuó dentro de sus competencias. Pujol ha advertido que «Martínez debe explicar con qué cobertura legal ordenó esta actuación. Si ha excedido sus competencias, deberá asumir responsabilidades. Una ordenanza no puede pasar por encima de los derechos fundamentales».
El próximo 11 de noviembre está convocada una huelga general para denunciar el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida, una movilización que pone de relieve las dificultades de miles de personas que, a pesar de trabajar, no pueden permitirse una vivienda digna. Pujol ha subrayado que «estas personas son defensores de la justicia social. Defienden que tener un trabajo permita tener una casa. Expulsarlas de esta manera es una respuesta terrible a una reivindicación legítima».
Para MÉS, el desalojo confirma que la Ordenanza Cívica se utiliza para perseguir la protesta en lugar de mejorar la convivencia. Pujol ha afirmado que «el alcalde ha elegido. En lugar de estar al lado de los trabajadores y trabajadoras, se ha puesto al lado de los fondos buitres, de los especuladores y de todos aquellos que hacen que vivir en Mallorca sea cada vez más caro y más difícil para la mayoría de residentes».
Finalmente, ha concluido que «pueden retirar las tiendas, pero no harán desaparecer el problema. La vivienda es un derecho, no un privilegio. Y los derechos se garantizan, no se reprimen».
