La Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Este decreto destina 180 millones de euros a comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando a la región sin acceso a esta dotación económica.
El Gobierno autonómico considera que el reparto de estos fondos es discriminatorio y afecta negativamente a los intereses de los madrileños. Según el Ejecutivo regional, el Real Decreto condiciona el acceso a los fondos públicos a la adopción de medidas que cada comunidad autónoma debe decidir libremente en el ejercicio de sus competencias. Este criterio, según la Comunidad de Madrid, penaliza a aquellas regiones que implementan políticas de vivienda diferentes.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Gobierno regional defenderá ante los tribunales que los madrileños merecen un trato equitativo y que los recursos públicos deben ser distribuidos sin discriminación, independientemente de las políticas de vivienda elegidas por cada comunidad autónoma.
