El PSOE ha expresado su preocupación por la negativa del Gobierno de Aragón, liderado por el PP y Vox, a declarar ciertas localidades como zonas tensionadas, lo que limitaría el acceso a medidas para controlar los precios del alquiler. Esta situación afecta directamente a municipios como Aínsa y Biescas, donde los alcaldes han manifestado su indignación ante la falta de acción del gobierno regional.
Los alcaldes de Aínsa, Enrique Pueyo, y de Biescas, Lorena Cajal, junto al diputado autonómico Marcel Iglesias, han denunciado que la actitud del Gobierno de Aragón está perjudicando a los vecinos que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda asequible. Iglesias ha subrayado que la declaración de zonas tensionadas es fundamental en el contexto actual de crisis de vivienda, afirmando que "no solo vale con construir, hay que tomar más medidas".
El diputado ha criticado la gestión del Gobierno aragonés, señalando que, bajo la dirección de Jorge Azcón, no se ha entregado ninguna vivienda protegida en más de tres años. Además, ha calificado de "chapucera" la gestión del polígono Las Harineras en Huesca, argumentando que el modelo de vivienda propuesto no responde a las necesidades de vivienda asequible.
Iglesias ha comparado la situación actual con el modelo socialista, que reconoce el problema del acceso a la vivienda y toma medidas al respecto. Ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 180 millones de euros en subvenciones para comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, mientras que el Gobierno aragonés se niega a actuar.
Los alcaldes han informado que recientemente recibieron la negativa del Gobierno de Aragón para iniciar la tramitación de la declaración de zonas tensionadas, argumentando que se requiere de informes científicos que contradigan los efectos negativos de esta medida. Cajal ha calificado esta respuesta de "totalmente insuficiente", señalando que "se burlan de quienes vivimos en estos municipios".
Ambos alcaldes han enfatizado que la declaración de zonas tensionadas permitiría a los vecinos acceder a ayudas y combatir los altos precios del alquiler. Pueyo ha añadido que el sectarismo del Gobierno de Aragón está generando desigualdades entre comunidades autónomas, ya que otras regiones han implementado con éxito esta medida.
Asimismo, han destacado que la Delegación del Gobierno en Aragón ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el acuerdo que bloquea la tramitación de estas declaraciones, lo que cuestiona la decisión del Ejecutivo aragonés. Los alcaldes han solicitado que se estudien las realidades de sus municipios y se les permita acceder a las herramientas legales necesarias para abordar el problema de la vivienda.
"No pedimos privilegios, sino que se escuche a nuestros pueblos y se valoren todas las alternativas disponibles", han concluido Cajal y Pueyo, enfatizando que sus localidades no son solo destinos turísticos, sino comunidades con un futuro que desean preservar.
