La Comunidad de Madrid ha decidido aumentar de nueve a doce el número de entidades financieras que participarán en el programa Mi Primera Vivienda, una iniciativa destinada a facilitar la adquisición de inmuebles por parte de jóvenes y familias. Entre las nuevas entidades que se suman se encuentran Bankinter, Cajamar y Unión de Créditos Inmobiliarios, que se añaden a las ya existentes: CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.
Este programa cuenta con una dotación de 25 millones de euros para el año 2026 y está dirigido a personas que, a pesar de ser solventes, no disponen de ahorros suficientes para adquirir una vivienda en propiedad. Según los requisitos establecidos, la financiación puede alcanzar hasta el 100% del valor del inmueble para quienes no hayan cumplido los 40 años, 95% para el tramo de 40 a 45 años y 90% entre 45 y 50 años.
La normativa establece un límite general de edad en 50 años, aunque se permiten excepciones para familias con hijos menores a su cargo, así como para familias numerosas y monoparentales. El precio máximo de adquisición del inmueble se ha fijado en 425.000 euros.
Iniciativas adicionales en vivienda
Además, el Gobierno autonómico tiene previsto construir 2.500 viviendas de alquiler asequible para jóvenes menores de 35 años a través del Plan Vive Solución Joven, así como 600 viviendas para colectivos vulnerables, gestionadas por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Este plan incluirá una reserva específica para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, al menos 120 de los 1.000 pisos proyectados en San Sebastián de los Reyes, junto al Hospital Universitario Infanta Sofía, estarán destinados a profesionales sanitarios.
Ayudas para la rehabilitación de edificios
El Gobierno también convocará ayudas para la instalación de ascensores en edificios residenciales, con una dotación de 50 millones de euros. Esta línea de ayudas forma parte del plan Rehabilitar Madrid, cuyo presupuesto global asciende a 450 millones de euros y abarca intervenciones de accesibilidad, eficiencia energética y conservación de inmuebles y barrios.
Por último, se prevé la elaboración de un mapa regional de propiedades en desuso o deshabitadas para identificarlas y orientar las actuaciones destinadas a su incorporación al mercado del alquiler.
