El diputado de VOX en la Junta General, Javier Jové, ha denunciado que Asturias se ha convertido en un entorno desfavorable para la actividad económica, debido a la elevada presión fiscal y el exceso de burocracia. Durante el Pleno, Jové exigió al Gobierno de Adrián Barbón una profunda simplificación administrativa que permita liberar a empresas, autónomos y ciudadanos de las trabas impuestas por la Administración.
“Asturias es un infierno fiscal, pero también es un infierno burocrático, que encorseta, maniata e impide la actividad económica y la generación de riqueza. Y no sé cuál de los dos infiernos es más dañino”,
afirmó Jové al defender una proposición no de ley de VOX destinada a reducir la carga regulatoria en el Principado. Esta propuesta contó con el apoyo del Partido Popular (PP) y Foro, aunque fue finalmente rechazada por la mayoría de izquierda en la Cámara.
El parlamentario advirtió que la proliferación normativa tiene consecuencias directas sobre la inversión, el empleo y los salarios. En este sentido, citó estudios del Banco de España que relacionan el aumento de la complejidad regulatoria con la destrucción de empleo. Además, estimaciones indican que el coste anual de la sobrerregulación en España oscila entre 70.000 y 90.000 millones de euros.
Jové centró su atención en Asturias, donde, según los datos presentados, el Boletín Oficial del Principado acumuló 351.682 páginas entre 2016 y 2024, lo que equivale a una media de 107 páginas diarias. Asimismo, destacó que los autónomos asturianos dedican unas 226 horas al año a trámites administrativos, con un coste estimado de 3.390 euros por profesional, lo que se traduce en un impacto agregado de 239 millones de euros anuales en la región.
“O ponemos freno a esto o moriremos asfixiados”,
advirtió el diputado, quien también criticó las prioridades regulatorias europeas, afirmando: “Mientras otros innovan, aquí nos dedicamos a regular los tapones de las botellas”.
Propuestas de VOX para simplificar la normativa
Ante esta situación, VOX ha propuesto una iniciativa que insta al Ejecutivo autonómico a implementar, en un plazo máximo de seis meses, una vía rápida administrativa basada en tres instrumentos: ventanilla única, silencio administrativo positivo y uso del dato único. Esto evitaría que ciudadanos y empresas tengan que aportar reiteradamente documentación que ya está en poder de la Administración.
La propuesta también incluye la creación de un canal permanente para que ciudadanos, autónomos y empresas puedan denunciar las trabas burocráticas que enfrentan y sugerir su eliminación. Además, VOX demanda una revisión y simplificación de la normativa autonómica, derogando disposiciones innecesarias, y la implementación de una regla de disciplina regulatoria que obligue a eliminar dos normas por cada nueva que se apruebe, junto con evaluaciones de impacto antes y después de la aprobación de disposiciones con efectos económicos significativos.
Jové concluyó señalando que la hipertrofia normativa no solo perjudica a la economía, sino que también invade la esfera privada de los ciudadanos con un “tsunami regulatorio” que recorta la autonomía personal e introduce al poder político en ámbitos cada vez más amplios de la vida cotidiana.
