El Grupo Parlamentario Socialdemócrata ha presentado una moción al Consell General para exigir al Gobierno la suspensión de la aplicación de la Ley 11/2026 y la aprobación de una nueva prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Esta iniciativa surge en un contexto donde el mercado inmobiliario todavía no ofrece suficientes alternativas asequibles, lo que podría obligar a muchas familias a abandonar sus hogares debido al aumento de los precios.
La propuesta del PS incluye que la nueva prórroga abarque también los contratos firmados entre 2022 y 2025, limitando las actualizaciones de las rentas al Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, se solicita que no se puedan aplicar incrementos adicionales al formalizar un nuevo contrato, conforme a lo que establezca la ley.
El grupo parlamentario considera que no existen las condiciones adecuadas para retirar las medidas de protección de los inquilinos, dado el escaso número de ofertas asequibles, los altos precios y la incertidumbre en torno a la renovación de los contratos. En este sentido, durante la sesión del Consell General del 19 de noviembre, el conseller general Pere Baró presentó tres casos de personas que podrían perder su vivienda: un hombre de 64 años, residente en el país desde hace más de 35 años y a pocos meses de jubilarse; una madre con dos hijos que trabaja en dos empleos; y una pareja joven que no puede asumir el aumento del alquiler que se les exige.
El Raonador también ha señalado la vulnerabilidad de los inquilinos. La moción incorpora advertencias del informe del Raonador del Ciudadano del 18 de noviembre, que destaca las dificultades que enfrentan las personas mayores, jubiladas y con ingresos limitados ante la finalización de sus contratos. Este organismo recomienda identificar situaciones de vulnerabilidad residencial, fortalecer la protección y mejorar la coordinación entre los servicios sociales, el Instituto Nacional de la Vivienda y las administraciones competentes.
El PS también respalda las demandas de la Coordinadora de la Vivienda y considera que el Gobierno debe actuar antes de que las familias se queden sin alternativas residenciales. Asimismo, recuerda que el artículo 33 de la Constitución establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna. Con esta iniciativa, los socialdemócratas buscan mantener las medidas de protección hasta que haya suficientes opciones habitacionales asequibles, argumentando que no se puede continuar retirando estas garantías mientras muchas familias enfrentan la incertidumbre sobre su futuro habitacional.