El Gobierno de Canarias ha proyectado una recaudación de 131 millones de euros por la compra de viviendas hasta julio de 2026. Esta cifra se compone de 68,5 millones provenientes del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) y 62,5 millones del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, presentó estos datos en respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario Vox durante una comisión. Asián explicó que esta estimación se basa en un análisis de las escrituras públicas de actos jurídicos documentados, aunque no se puede determinar si las compras corresponden a viviendas habituales.
La consejera reconoció las «dificultades» que enfrenta el mercado de la vivienda y destacó que su Ejecutivo ha intentado contribuir con «cambios normativos» que busquen un «equilibrio» entre una reducción «estructural» de impuestos y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.
En este contexto, la política del Gobierno se ha centrado en facilitar el acceso a la vivienda habitual, excluyendo a aquellos que adquieren propiedades de alto valor, como chalés de cuatro millones de euros. Se ha implementado una reducción del IGIC al 3% para compradores menores de 40 años, así como beneficios fiscales para familias numerosas, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales.
Por su parte, Javier Nieto, representante de Vox, subrayó que los impuestos tienen un impacto significativo en el coste de la vivienda, pudiendo representar hasta el 30% del precio final, según algunos estudios. Nieto instó a las administraciones públicas a colaborar para desbloquear el «tapón» existente en el acceso a la vivienda, advirtiendo que, sin esfuerzos conjuntos, la escasez de vivienda y el aumento de precios continuarán.