Un día después de la huelga general del 11 de noviembre, en la que miles de personas se manifestaron en defensa de salarios dignos y del derecho a la vivienda, LAB y EH Bildu llevaron a cabo una reunión pública para analizar las reivindicaciones planteadas durante la movilización y los retos futuros que enfrentan.
Este encuentro marca el inicio de una serie de contactos por parte de LAB con diferentes agentes sociales, con el objetivo de elaborar propuestas que transformen las actuales políticas de vivienda. En la reunión participaron representantes de EH Bildu, como el secretario de acción política, Arkaitz Rodríguez, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, y el secretario de vivienda, Xabier Astigarraga. Por parte de LAB, asistieron la coordinadora general, Garbiñe Aranburu, y los miembros de Acción Social, Iratxe Delgado y Jaime Iribarren.
Ambas organizaciones reiteraron las dos principales demandas surgidas de la huelga: la implementación de un salario mínimo propio y la necesidad de transformaciones estructurales que garanticen el derecho a la vivienda. Entre las propuestas destacadas se encuentran la recuperación de viviendas sometidas a la especulación para satisfacer necesidades colectivas, la prohibición del uso especulativo de la vivienda y la reordenación de la política de vivienda en función de las necesidades de la ciudadanía.
“La subida de los salarios y la disminución de los precios de la vivienda son dos luchas entrelazadas. Las subidas salariales conseguidas por los trabajadores no deben ser devoradas por el encarecimiento de los alquileres. Garantizar vivienda y salarios dignos es imprescindible para una vida digna”, afirmaron.
EH Bildu reafirmó su compromiso con el derecho a la vivienda, asegurando que continuará trabajando para reducir los precios del alquiler, garantizar la estabilidad de los inquilinos, prevenir desahucios sin alternativa habitacional, prohibir el uso especulativo de la vivienda y ampliar el parque público de viviendas.
LAB y EH Bildu insistieron en que las movilizaciones sociales deben traducirse en decisiones políticas concretas. Por ello, instaron a los gobiernos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV) y de Navarra a utilizar todas sus competencias e instrumentos legales para poner las políticas de vivienda al servicio de las necesidades de la ciudadanía.
“El reconocimiento legal del derecho a la vivienda exige decisiones, recursos y voluntad política para garantizarlo efectivamente. Desde aquí también se pueden hacer cosas y no se puede esperar de brazos cruzados a lo que venga de Madrid”, subrayaron.
Ambas organizaciones valoraron el compromiso solidario y transformador mostrado por la sociedad vasca, destacando que las huelgas y movilizaciones recientes han puesto en el centro de la agenda política temas como pensiones dignas, un sistema de cuidados público comunitario, un salario mínimo propio y el derecho a la vivienda.
En su opinión, la lucha por mejorar las condiciones de vida es esencial para combatir la extrema derecha. “Garantizar una vivienda, un sueldo y unos servicios públicos dignos, redistribuir la riqueza y ofrecer seguridad de vida a la ciudadanía son las bases para combatir el autoritarismo, el racismo y el egoísmo”, añadieron.
Finalmente, hicieron un llamado a activar a los trabajadores y sectores populares en las elecciones generales del 29 de noviembre para frenar el avance de la extrema derecha y aglutinar fuerzas soberanistas y de transformación social en Euskal Herria. “A la extrema derecha hay que hacerle frente en todos los ámbitos: en los centros de trabajo, en la calle y en las instituciones. Para defender los derechos y conquistar otros nuevos necesitamos organización, movilización y compromiso”, concluyeron.
