Los sindicatos CCOO y UGT han respaldado la creciente respuesta social en las calles de España, donde millones de familias enfrentan una crisis habitacional caracterizada por el aumento desmesurado de los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Según los sindicatos, la vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento y desigualdad en el país, absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos de los trabajadores y dificultando la emancipación de la juventud.
La reciente movilización ciudadana, impulsada por el desahucio de Mari Carmen en Madrid, ha evidenciado que la sociedad no está dispuesta a aceptar esta situación. Esta presión social ha llevado al Gobierno a presentar, en el transcurso de una semana, dos decretos-leyes que, aunque no resolvían la crisis por sí solos, eran considerados necesarios e inaplazables para abordar los problemas más urgentes de la vivienda.
Sin embargo, el Congreso de los Diputados ha rechazado ambos decretos, con los votos en contra de la derecha y la ultraderecha, incluyendo al PP, Junts, Vox y UPyN. Esta decisión ha sido calificada por los sindicatos como una muestra de cinismo político que deja a cientos de miles de personas en una situación de emergencia habitacional, lo que podría llevar a muchas a situaciones económicamente insostenibles.
Los líderes sindicales han instado a quienes votaron en contra a explicar a las familias amenazadas de desahucio por qué priorizan los intereses de los especuladores sobre el derecho a un hogar digno. CCOO y UGT han denunciado que, a pesar del crecimiento económico del país, el modelo extractivista de rentas impide una distribución equitativa de la riqueza generada. Los beneficios empresariales no se reflejan adecuadamente en los salarios, mientras que el aumento de precios afecta el poder adquisitivo de millones de trabajadores.
La crisis de la vivienda también se ha vinculado a la crisis salarial, ya que las subidas pactadas en convenios colectivos o el incremento del salario mínimo interprofesional son absorbidos por los altos costos de alquileres e hipotecas. Por ello, los sindicatos exigen una intervención pública decidida que frene la especulación, amplíe el parque de vivienda asequible y proteja a los inquilinos, así como una mejora sustancial de los salarios en la negociación colectiva.
La votación en el Congreso ha generado un bloqueo político y ha alimentado una creciente indignación social. Ante esta situación, CCOO y UGT han convocado a la movilización, instando a la clase trabajadora a participar en las protestas programadas para este fin de semana en todo el país. Las organizaciones sindicales se reunirán para evaluar las reacciones políticas y decidir los pasos a seguir en una estrategia de unidad de acción con movimientos sociales, vecinales y otros sindicatos, con el objetivo de que el derecho a la vivienda prevalezca sobre los intereses especulativos.
