El acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en Aragón. El encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda, junto con unos salarios que no han crecido al mismo ritmo y el aumento del coste de la vida, dificulta la emancipación de los jóvenes y limita la capacidad de las familias trabajadoras para desarrollar su proyecto de vida.
Los datos reflejan la magnitud del problema. El precio del alquiler ha pasado de unos 8 euros por metro cuadrado durante la pandemia a 11,2 euros en septiembre. Para una vivienda de 80 metros cuadrados, esto supone alrededor de 260 euros más al mes. En cuanto a la compra, a comienzos de 2026, el precio medio en Aragón rondaba los 1.650 euros por metro cuadrado y superaba los 2.200 euros en Zaragoza capital.
La presión sobre el mercado residencial presenta diferencias territoriales. En algunos municipios, la actividad turística encarece la vivienda, mientras que en otras zonas rurales, la llegada de grandes proyectos económicos puede aumentar la demanda sin que exista una oferta residencial suficiente. Además, es necesario adaptar el parque inmobiliario a una sociedad en la que crecen los hogares unipersonales, mientras que muchas de las viviendas disponibles cuentan con tres dormitorios o más.
Propuestas de CCOO para una nueva Ley de Vivienda
Ante esta situación, CCOO reclama “una Ley de Vivienda para Aragón que haga valer sus competencias en esta materia, capaz de ampliar la oferta asequible, responder a las necesidades reales de la población y garantizar que la vivienda cumpla su función social”. El sindicato ha participado en la elaboración de la norma y plantea una serie de medidas para reforzar la protección de las personas inquilinas, ampliar el parque público y evitar que los recursos públicos destinados a vivienda terminen alimentando la especulación.
- Protección permanente de la vivienda pública: Evitar que las viviendas financiadas con recursos públicos pasen al mercado libre y pierdan su carácter asequible.
- Regulación de los alquileres en zonas tensionadas: Aplicar los instrumentos previstos en la legislación estatal y reforzar las bolsas públicas de alquiler.
- Control de los alquileres de temporada: Exigir una causa temporal justificada para evitar eludir las garantías del alquiler habitual.
- Garantías para el alquiler de habitaciones: Prevenir el hacinamiento y facilitar el ejercicio de derechos básicos.
- Regulación efectiva de los usos turísticos: Establecer controles que prioricen el uso residencial en zonas con necesidades acreditadas de vivienda habitual.
Estas medidas deben ir acompañadas de una mayor inversión en vivienda pública y asequible, así como de la rehabilitación del parque existente y políticas adaptadas a las necesidades específicas de los municipios urbanos y rurales.
La vivienda como interés general
CCOO Aragón considera que la nueva ley representa una oportunidad para corregir las limitaciones de las políticas anteriores y garantizar que la inversión pública tenga un retorno social duradero. “La vivienda debe cumplir su función residencial y no convertirse en un gasto que absorba una parte desproporcionada de los salarios”, afirman desde la organización.
El sindicato también reclama incorporar una perspectiva de género que tenga en cuenta las mayores dificultades económicas que enfrentan muchas mujeres, especialmente en hogares monomarentales y en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se hace un llamado a garantizar que las personas jóvenes y los colectivos en situación de vulnerabilidad tengan acceso a una vivienda adecuada.
CCOO Aragón defenderá que las personas trabajadoras puedan acceder a una vivienda digna y asequible, y que los recursos colectivos se destinen a garantizar este derecho para las generaciones presentes y futuras. En este contexto, el sindicato convoca a participar en la movilización del 11 de noviembre para reivindicar salarios que permitan vivir dignamente y acceder a bienes y servicios esenciales, incluida la vivienda asequible.
