Alberto Pazos, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Galicia, ha exigido al Gobierno central que informe con transparencia sobre el número total de inmuebles disponibles en la comunidad autónoma. En su intervención, solicitó detalles sobre la localización exacta de estas propiedades y la fecha real de entrega de las llaves a los propietarios o adjudicatarios.
Pazos subrayó que, de los más de 276.000 inmuebles comprometidos, no se ha confirmado si alguno corresponde a Galicia ni dónde se encuentran. "A pesar de la insistencia del Gobierno gallego y de algunos medios de comunicación, el Gobierno de España se niega a facilitar los datos de seguimiento de sus promesas", afirmó.
Crítica a las políticas del Gobierno central
El portavoz popular contrapuso la estrategia del Gobierno gallego para abordar el problema de la vivienda con la del Ejecutivo central, señalando que "para la Xunta la clave está en construir más vivienda y para el Gobierno de España la clave está en prometer más".
Pazos también criticó la gestión del presidente Pedro Sánchez, indicando que su mandato se ha caracterizado por la incapacidad de cumplir con los compromisos adquiridos. Mencionó que, a pesar de las promesas de facilitar la compra de vivienda, los precios han aumentado un 74%; el alquiler ha incrementado un 45% a pesar de las promesas de abaratarlo; y que, en lugar de acabar con el uso especulativo de la vivienda, se ha incentivado la inversión de fondos buitre.
Consecuencias del acceso a la vivienda
El portavoz del PP también destacó que, al inicio del mandato de Sánchez, la vivienda ocupaba el puesto décimo sexto en la lista de preocupaciones de los españoles, mientras que ahora se ha convertido en el principal problema. "Tras nueve años de políticas progresistas, el acceso a la vivienda ya se ha convertido en el primer problema", afirmó.
Finalmente, Pazos criticó la falta de respeto al sistema democrático y a la separación de poderes, señalando que legislar sobre competencias autonómicas sin negociación previa es un ataque directo al autogobierno. También hizo hincapié en que imponer obligaciones económicas sin transferir el presupuesto necesario es injusto y desleal.
