El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2027, que asciende a 13.587 millones de euros, lo que representa un incremento de 683,7 millones respecto al año anterior. Este presupuesto está diseñado para garantizar el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, fomentar el desarrollo empresarial y facilitar el acceso a la vivienda, en un esfuerzo por atender las necesidades de la ciudadanía.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, presentó el proyecto en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde estuvo acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández. El presupuesto ha sido registrado en las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero del próximo año.
Reducción de ingresos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
El proyecto contempla una reducción del 80% en los ingresos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que se considera de carácter extraordinario y temporal, con una vigencia que finaliza el 31 de diciembre de 2026. Esta reducción implica que los ingresos pasarán de 600 millones en 2026 a 126 millones en 2027.
Gasto social y equilibrio presupuestario
El presupuesto para 2027 se caracteriza por un aumento en los recursos destinados a financiar los servicios públicos y a la política de vivienda, así como por un enfoque en el crecimiento económico y empresarial. Ruiz Molina destacó que el gasto social representa el principal eje del presupuesto, con un total de 8.412 millones de euros, lo que equivale al 72,3% del gasto no financiero y un incremento del 12,5% respecto al año anterior.
Inversiones en Sanidad, Educación y Servicios Sociales
El área de Sanidad recibirá 4.611 millones de euros, un 13,6% más que en 2026, para reforzar la plantilla de profesionales y mejorar infraestructuras. En Educación, se destinarán 2.664 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 10%, y en Servicios Sociales, el presupuesto aumentará a 1.135 millones, un 14% más que el año anterior.
Políticas de vivienda y desarrollo económico
El presupuesto asigna 270 millones de euros a la política de vivienda, un aumento de 86 millones respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y promover la construcción y rehabilitación de inmuebles. Además, se contemplan 2.776 millones de euros para políticas de desarrollo económico, de los cuales cerca de 1.400 millones se destinarán a transferencias a empresas.
Reto demográfico y beneficios fiscales
El presupuesto también aborda el reto demográfico, con 2.198 millones de euros destinados a políticas de despoblación, un incremento del 82% respecto al año anterior. En cuanto a los beneficios fiscales, se estima un volumen de 400 millones, concentrándose en medidas relacionadas con la vivienda y la lucha contra la despoblación, que beneficiarán a miles de ciudadanos.
Este ejercicio de transparencia busca explicar a la ciudadanía el destino de los recursos públicos y se presenta siguiendo el calendario previsto, sin alteraciones por la convocatoria de elecciones generales.
