UGT ha solicitado aumentos salariales que superen la inflación con el fin de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. El sindicato considera que el incremento del 5,3% propuesto por el Gobierno es insuficiente y demanda un aumento del 7% para el año 2027, además de exigir el desbloqueo del VI AENC, la reforma del IRPF y la aprobación del registro de jornada para asegurar que los salarios lleguen íntegramente a los trabajadores.
Los datos del IPC de octubre, publicados por el INE, sitúan la inflación anual en un 4,9%, manteniéndose en el mismo nivel que en septiembre y alcanzando su tasa más alta desde febrero de 2023. En términos mensuales, los precios han aumentado un 0,6%. Aunque la inflación parece estabilizarse, continúa erosionando el poder de compra de los trabajadores.
El abaratamiento de la gasolina, que ha disminuido un 6,1% mensual gracias a la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro vigente desde el 1 de octubre, ha influido positivamente en la inflación. Sin embargo, los precios de los combustibles permanecen elevados, con la gasolina a 1,75 euros por litro y el gasóleo a 1,88 euros. Además, el aumento de precios en combustibles líquidos para uso doméstico (1,3%) y electricidad (+1,8%) contribuye a que la tasa de inflación anual no disminuya.
A pesar de las rebajas fiscales, el encarecimiento de la energía sigue afectando a los hogares. La cláusula de salvaguarda activada por el Gobierno mantendrá la rebaja de carburantes en noviembre, aunque se deberá evaluar su efectividad antes de finalizar el año. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se mantiene en el 3,1%, evidenciando que el aumento de la energía se está trasladando a otros bienes y servicios.
Los servicios han registrado un aumento del 4,1% anual, mientras que los alimentos sin elaborar han visto un encarecimiento del 5,5%, lo que impacta directamente en el poder de compra de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos. Los organismos nacionales no prevén una mejora en la situación a corto plazo, con proyecciones de inflación cercanas al 4,5% en los próximos meses.
En contraste, los salarios pactados en convenio han aumentado un 3,05% hasta septiembre, cifra que se encuentra por debajo de la inflación media prevista para el año. Sin una intervención urgente, la brecha entre precios y salarios podría consolidarse en los próximos meses. Además, el encarecimiento de la vivienda, que el IPC no refleja completamente, agrava la situación, con un tercio de los inquilinos (33,9%) en riesgo de pobreza.
Ante esta realidad, UGT convocó una huelga general el 11 de noviembre, en la que cientos de miles de personas participaron para exigir medidas efectivas que frenen la especulación y el aumento de precios. El sindicato sostiene que la solución no se limita al mercado residencial, sino que también requiere un salario que garantice el acceso a una vivienda digna.
UGT demanda que la patronal desbloquee el VI AENC, lo que permitiría avanzar en miles de convenios colectivos que esperan incrementos salariales necesarios. El acuerdo debe asegurar aumentos salariales superiores a la inflación y contemplar cláusulas de garantía salarial en caso de que los precios vuelvan a aumentar.
Además, el sindicato exige un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de al menos el 7% para 2027, ya que el aumento del 3,1% fijado para 2026 ha quedado superado por la inflación. El proyecto de real decreto del Ministerio de Trabajo plantea un incremento del 5,3%, que no recupera el poder de compra perdido durante el año.
UGT también solicita la reforma del IRPF para que el incremento salarial se traduzca en términos netos y no se vea absorbido por la fiscalidad, así como la aprobación del real decreto de registro de jornada para asegurar que se paguen todas las horas trabajadas. Todos estos compromisos deben estar en vigor antes del 1 de enero, cuando se aplicará el nuevo SMI.
El sindicato valora positivamente la huelga general y las movilizaciones que la acompañaron, que superaron las expectativas y enviaron un mensaje claro: la clase trabajadora no se resignará a perder poder adquisitivo ni a enfrentar un acceso a la vivienda cada vez más complicado. UGT exige a todas las administraciones, especialmente a las autonómicas, un parque público de vivienda protegida y medidas efectivas para frenar el aumento de los alquileres.
Finalmente, UGT celebra la convalidación del real decreto-ley de vivienda que protege a las personas vulnerables frente a desahucios y limita la actualización de los alquileres al 2%, aunque lamenta la derogación del decreto que garantizaba la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que habría proporcionado estabilidad a los hogares inquilinos.
