El informe El coste del rentismo para los salarios y la economía productiva, elaborado por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO, pone de manifiesto las consecuencias económicas y sociales de un modelo inmobiliario que permite que los precios de la vivienda crezcan muy por encima de los salarios y de la capacidad de generación de riqueza de la economía productiva.
Dicho informe advierte que el rentismo inmobiliario se ha convertido en un obstáculo para mejorar las condiciones de vida de buena parte de la clase trabajadora, así como para impulsar un modelo económico basado en la actividad productiva, la inversión y la creación de empleo.
Una parte creciente de los ingresos de las familias trabajadoras se destina a pagar la vivienda, mientras que el encarecimiento de los locales comerciales eleva los costes de las pequeñas empresas y de los autónomos. Esta dinámica plantea una contradicción cada vez más evidente: mientras los salarios deben permitir una vida digna y las empresas necesitan invertir, innovar y desarrollar su actividad, las crecientes rentas inmobiliarias absorben recursos que podrían destinarse al consumo, al aumento de los salarios, a la inversión productiva y a la creación de empleo.
La vivienda se come las subidas salariales
La evolución de los precios muestra la distancia cada vez mayor entre el coste de la vivienda y los salarios. Entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2026, el precio de comprar una vivienda aumentó un 108%, mientras que el salario medio solo creció un 30%. Esto significa que el precio de la vivienda ha aumentado 3,6 veces más que los salarios, alejando a millones de trabajadores de la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad.
Además, el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda también ha aumentado notablemente. Actualmente, se requieren de media 7,1 salarios anuales completos para comprar una vivienda de 90 metros cuadrados, en comparación con 3,1 salarios en 1985. A esta cantidad se suma el ahorro previo necesario para pagar la entrada, los impuestos y otros gastos, que representan aproximadamente el 30% del precio.
Quienes no pueden acceder a la compra deben optar por el alquiler, donde la situación no es mejor. Entre 2015 y 2024, los precios de los nuevos contratos de alquiler aumentaron un 37%, frente al 21% de incremento del salario medio. Esto neutraliza las mejoras salariales conseguidas mediante la negociación colectiva y el incremento del salario mínimo.
El rentismo lastra la economía productiva
Las dificultades no solo afectan a la economía de las familias trabajadoras. El aumento del precio de los locales comerciales impacta directamente en los negocios, especialmente en las pequeñas empresas y los autónomos. Según datos de la Agencia Tributaria, los alquileres de locales comerciales aumentaron un 5,8% en 2021, un 8,3% en 2022 y un 4,5% en 2023. Estos gastos drenan recursos de los negocios, elevan las barreras de entrada para quienes quieren emprender y dificultan la continuidad de los establecimientos existentes.
Las elevadas rentabilidades inmobiliarias generan una creciente competencia entre mantener una actividad económica y destinar los inmuebles a obtener rentas patrimoniales. En 2025, la rentabilidad bruta de invertir en vivienda fue del 16%, mientras que la rentabilidad ordinaria de los recursos propios empresariales fue del 7%, según datos del Banco de España. Esta situación compromete la capacidad de crecimiento, innovación y creación de empleo de la economía.
Menos rentismo significa más consumo y empleo
El gasto en vivienda ocupa una parte importante del presupuesto familiar, lo que deja menos dinero para gastar en otros bienes y servicios. Una reducción del 30% en el coste de la vivienda podría generar entre 21.000 y 26.000 millones de euros adicionales de demanda agregada y favorecer la creación de entre 330.000 y 411.000 empleos acumulados en cinco años, según estimaciones del informe.
Los resultados del informe refuerzan las razones de la huelga general convocada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre, que sitúa entre sus principales reivindicaciones el acceso a una vivienda digna y asequible, la mejora de los salarios, el control de los precios de los bienes y servicios esenciales y la defensa de unos servicios públicos de calidad.
CCOO sostiene que es imprescindible actuar tanto sobre los salarios como sobre los precios de la vivienda. En el corto plazo, el sindicato propone prorrogar los contratos de alquiler y avanzar hacia su conversión en indefinidos, así como regular los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos. A medio y largo plazo, plantea movilizar anualmente recursos equivalentes al 1,5% del PIB para generar un parque permanente de 1,5 millones de viviendas asequibles en una década.
