El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto ha concedido licencias para un total de 1.200 viviendas en lo que va de 2026, según los datos actualizados a principios de octubre. Esta cifra pone de manifiesto el dinamismo de la construcción residencial en el municipio.
Las previsiones del área indican que se otorgarán licencias para aproximadamente 300 viviendas más antes de finalizar el año. Del total de licencias concedidas, 1.050 corresponden a edificios colectivos, 45 a promociones de unifamiliares múltiples y 26 a viviendas unifamiliares. Las 79 restantes provienen de cambios de uso de diferentes inmuebles a vivienda.
Incremento en la recaudación del ICIO
Este ritmo de actividad se refleja también en la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava la ejecución de obras sujetas a licencia y actúa como un indicador directo de la inversión en construcción. Entre enero y septiembre de 2026, el Ayuntamiento ha ingresado 4,8 millones de euros, lo que representa un 77 % más que en todo 2025, cuando se recaudaron 2.709.623 euros. Esta cifra supera en un 20 % la del conjunto de 2024 (4.002.178 euros) y casi triplica la de 2023 (1.731.514 euros).
Declaraciones del concejal de Urbanismo
El concejal de Urbanismo, Javier Raro, ha destacado que estos datos reflejan la generación de nueva vivienda en la ciudad, lo que es positivo para facilitar el acceso a quienes ya residen en Sagunto y a los nuevos habitantes. Sin embargo, ha enfatizado que el mercado libre por sí solo no resolverá la crisis de vivienda, instando a que otras administraciones se involucren en la construcción de vivienda pública.
Raro también ha solicitado a la Generalitat que considere declarar a Sagunto como zona de mercado residencial tensionado, una petición que ha sido respaldada por el pleno municipal en dos ocasiones. Esta declaración, según el concejal, es crucial para evitar que las expectativas generadas por el desarrollo industrial provoquen subidas especulativas en los alquileres.
Marco legal y medidas de contención
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, otorga a las comunidades autónomas la competencia para declarar zonas tensionadas cuando el coste del alquiler o de la hipoteca supera el 30 % de los ingresos medios de los hogares, o cuando los precios han aumentado en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC. Esta declaración permite aplicar medidas de contención de las rentas en los nuevos contratos de alquiler.
