El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido la Ley de Vivienda de Asturias en el pleno de la Junta General, destacando su papel como correlato autonómico de los decretos estatales de protección residencial. Zapico ha solicitado que la aprobación de esta norma se convierta en un compromiso político prioritario para el Frente Amplio, en beneficio de la mayoría social y la clase trabajadora.
Durante su intervención, en respuesta a una pregunta de la diputada Covadonga Tomé, el consejero ha enfatizado la necesidad de que las fuerzas progresistas actúen de manera unida ante el desafío que representa la vivienda para la ciudadanía. Ha instado a culminar la negociación de la ley, incorporando las mejoras que se puedan acordar.
Avances clave de la Ley de Vivienda
Zapico ha destacado tres aspectos fundamentales que incorpora el proyecto de ley:
- Protección del parque público: La ley busca salvaguardar el parque público de vivienda frente a propuestas de venta y garantizar la calificación permanente de la vivienda protegida, asegurando así su función social.
- Régimen sancionador: Se establecerá un régimen sancionador para las zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta que el Gobierno de Asturias considera necesaria para mejorar la eficacia de las declaraciones.
- Reconocimiento de la vivienda como determinante de la salud: La norma reconocerá que las dificultades para acceder a un hogar digno impactan en las condiciones de vida y bienestar de la clase trabajadora.
Zapico ha afirmado que es fundamental alcanzar un acuerdo que permita la aprobación de la ley y ha subrayado que la negociación debe traducirse “cuanto antes” en un compromiso político compartido. Además, ha defendido que esta norma consolidará la función social de la vivienda y reforzará las herramientas públicas para garantizar el acceso a un hogar digno.
Críticas a la oposición y apoyo social
Durante su discurso, el consejero ha contrastado dos enfoques sobre las políticas residenciales: uno que considera la vivienda un derecho y otro que la trata como un bien de mercado. Ha criticado la oposición del Partido Popular y Vox a las medidas estatales que buscan proteger a los hogares más vulnerables, defendiendo la intervención pública como un recurso necesario para corregir los desequilibrios del mercado.
Zapico ha citado datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que reflejan el apoyo de la población a la intervención en el mercado residencial: el 79% considera la vivienda un derecho, el 91% demanda un mayor parque público, el 76% respalda la intervención en el mercado y el 71% apoya la congelación de los precios del alquiler.
Compromisos del Gobierno de Asturias
El consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno de Asturias de impulsar 1.500 viviendas públicas durante la legislatura. Más de 600 de estas viviendas ya están terminadas o en construcción, y se prevé la licitación y adjudicación de más de 800 adicionales antes de finalizar el mandato.
Zapico ha contrastado las actuaciones en Asturias con las de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, haciendo referencia a la escasa promoción de viviendas públicas en Galicia. Ha destacado la colaboración institucional con los ayuntamientos y ha mencionado la reciente aprobación de la cesión de terrenos en Oviedo y Villaviciosa para nuevas promociones públicas.
En respuesta a las críticas sobre la revisión de las rentas y los requisitos de permanencia en las viviendas de Vipasa, Zapico ha defendido el carácter “eminentemente social” de la empresa, argumentando que es necesario garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Finalmente, ha insistido en la importancia de culminar la negociación de la Ley de Vivienda de Asturias para reforzar la función social del parque público y dotar a la Administración de herramientas más eficaces para garantizar el acceso a un hogar digno, advirtiendo que “el primer problema que tiene hoy la gente requiere acción”.
