Más de 2.000 personas se congregaron en Iruñea en una manifestación convocada por LAB, en defensa de las más de 500 familias afectadas por el fin de sus contratos de alquiler con Testa Residencial, una filial del fondo de inversión Blackstone. Durante el evento, los asistentes exigieron soluciones para evitar desahucios y denunciaron la situación de vulnerabilidad que enfrentan.
Las familias, que residen en barrios como Etxabakoitz, Buztintxuri, Artika, San Jorge y Rochapea, anunciaron su intención de permanecer en sus viviendas una vez que venzan sus contratos. Estas viviendas, que perdieron la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a principios de esta década, han sido el hogar de muchas de estas personas durante más de 25 años, durante los cuales han pagado más de 150.000 euros en alquiler.
«No nos van a echar. Estamos organizadas. Vamos a pelear hasta el final. ¡Y vamos a ganar! ¡No nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Viva el poder inquilino!», proclamaron los manifestantes.
Denuncias y demandas
Las familias denunciaron que Testa busca que los inquilinos abandonen sus hogares para poder vender las viviendas. En este contexto, han solicitado al Gobierno de Navarra que detenga las amenazas de desahucio, asuma la titularidad y gestión pública de las viviendas mediante su expropiación, y garantice contratos de alquiler indefinidos, así como una reducción de los precios.
Durante la manifestación, una representante de los vecinos de Ezkaba expresó su apoyo a las familias afectadas y criticó el recurso presentado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley Foral de Vivienda, aprobada en junio. Esta modificación busca mantener la calificación protegida de 2.248 viviendas del parque de alquiler en Navarra, evitando que pasen al mercado libre.
Críticas a las políticas de vivienda
LAB ha criticado las políticas de vivienda implementadas por los gobiernos en las últimas décadas, acusando a la derecha y la extrema derecha de favorecer los intereses de la patronal inmobiliaria y los fondos buitres en detrimento de los inquilinos. El sindicato ha instado al Gobierno de Chivite a expropiar las viviendas que han sido de Protección Oficial, argumentando que estas deben ser gestionadas en beneficio de los ciudadanos navarros.
Finalmente, LAB ha dejado claro que la lucha por los derechos de los inquilinos continuará más allá de esta manifestación, convocando a la participación en la huelga general programada para el próximo 11 de noviembre.
