El Pleno del Ayuntamiento de València ha dado un paso significativo en la creación de suelo destinado a la vivienda al aprobar la tramitación de 18 Programas de Actuación Integrada (PAI). Esta medida tiene como objetivo facilitar la construcción de 13.000 viviendas, de las cuales 2.855 estarán destinadas a protección pública.
Durante la sesión extraordinaria, solicitada por el Grupo Compromís, se debatieron varias mociones relacionadas con la vivienda y los apartamentos turísticos. Sin embargo, las propuestas de la oposición, que incluían la limitación de los precios de alquiler y la declaración de València como “zona de mercado residencial tensionado”, fueron rechazadas por la mayoría del equipo de gobierno, conformado por los Grupos Popular y Vox.
Debate sobre la vivienda y el turismo
La concejala Papi Robles, en defensa de su moción, destacó el encarecimiento de la vivienda y la reducción de la oferta de alquiler, lo que dificulta la emancipación de los jóvenes y la permanencia de familias y personas mayores en sus barrios. Robles solicitó al Consell de la Generalitat que declare València como zona tensionada para establecer un control sobre los precios de alquiler.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, argumentó en contra de las propuestas de la oposición, afirmando que limitar los precios del alquiler no ha funcionado en otros lugares y que la solución radica en la construcción de más viviendas. Giner defendió la normativa vigente y la necesidad de continuar con la tramitación de los PAI aprobados.
Iniciativas aprobadas
Las alternativas presentadas por el concejal Giner, que fueron aprobadas, incluyen la promoción de ayudas para que las comunidades de propietarios modifiquen sus estatutos y se opongan a la implantación de alojamientos turísticos en edificios residenciales. Además, se contempla la posibilidad de transformar despachos en viviendas y regular las viviendas interiores.
El acuerdo también establece criterios para la adjudicación de vivienda pública, priorizando el empadronamiento ininterrumpido de al menos cinco años y la nacionalidad española. Asimismo, se prevén reformas estatales para agilizar los desalojos y endurecer las sanciones por ocupación ilegal.
Intervenciones de la sociedad civil
Durante la sesión, diversas entidades y asociaciones ciudadanas expresaron su preocupación por la situación del acceso a la vivienda en València. Representantes del Consell de la Joventut y otras organizaciones denunciaron el aumento de los precios de alquiler y la falta de medidas efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna.
La sesión también incluyó una interpelación sobre las medidas de los Servicios Sociales para prevenir desahucios y exclusión residencial, lo que refleja la creciente preocupación por la crisis habitacional en la ciudad.
