La flota pesquera española deberá abandonar las aguas de Mauritania tras la expiración del acuerdo de pesca entre este país y la Unión Europea (UE). La falta de renovación del protocolo, cuyas negociaciones siguen abiertas, genera incertidumbre entre los armadores, quienes temen importantes pérdidas económicas y desconocen cuándo podrán regresar a uno de los caladeros más relevantes para el sector.
Este acuerdo, considerado el más significativo de la UE en materia pesquera, ha permitido que cerca de un centenar de barcos de diez países comunitarios operen en aguas mauritanas. España ha contado con más de 50 licencias, utilizadas por embarcaciones de Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco. La actividad de estos barcos es crucial para puertos y lonjas españolas, como la de Cádiz, que depende en gran medida de las capturas de este caladero.
A cambio de permitir la actividad pesquera, la UE ha abonado a Mauritania una compensación de 60,8 millones de euros anuales. Sin embargo, las nuevas exigencias económicas planteadas por Nuakchot se han convertido en un obstáculo para alcanzar un nuevo acuerdo.
La salida de los barcos también tendrá repercusiones para los trabajadores locales. Los buques que permanezcan en la zona hasta el último momento deberán desembarcar a sus tripulantes mauritanos, lo que dejará sin empleo a cerca de un millar de marineros del país.
La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta a Mauritania que incluye una mejora de la compensación económica y de los cánones que deberán abonar los armadores para poder faenar en sus aguas. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está presionando para acelerar las negociaciones y conseguir una renovación antes de la expiración del acuerdo.
La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha señalado que el Gobierno está instando a la Comisión Europea a intensificar los contactos para alcanzar un pacto antes de la medianoche del 14 de noviembre. También el Ministerio de Asuntos Exteriores está participando en las gestiones diplomáticas para intentar desbloquear la situación.
Desde la patronal de armadores Cepesca, su secretario general, Javier Garat, ha destacado la importancia estratégica del acuerdo, que no se limita únicamente a la actividad pesquera. Mauritania también recibe importantes fondos europeos destinados a programas de cooperación, que desde 2021 se sitúan entre los 800 y los 1.000 millones de euros.
La falta de un acuerdo tendrá un impacto económico inmediato sobre las empresas pesqueras. Según la Asociación Nacional de Marisqueros (Anamar), los 15 buques de esta modalidad que operan en Mauritania perderán más de cinco millones de euros mensuales si no pueden continuar faenando. En un periodo de seis meses, las pérdidas podrían alcanzar los 30 millones de euros.
Las consecuencias también se dejarán sentir en las lonjas españolas. El puerto de Cádiz comercializó durante 2025 capturas por valor de 13,2 millones de euros y, en los primeros nueve meses de 2026, alcanzó los 8,64 millones gracias a la actividad vinculada al acuerdo pesquero.
La situación preocupa especialmente a los armadores que no disponen de otros caladeros donde trasladar sus embarcaciones. María José de Pazo, armadora del buque gallego ‘Fuente de Macenlle’, ha advertido sobre el impacto que tendrá la interrupción de la actividad y ha señalado que Cádiz celebrará la última subasta de pescado procedente de Mauritania el próximo lunes. Además, está prevista una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno para expresar el malestar del sector.
De Pazo ha calificado la situación de «brutal» y ha alertado de que la falta de capturas también puede afectar al abastecimiento de pescado durante la campaña de Navidad, uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.
Desde el Ministerio de Pesca, Isabel Artime ha asegurado que existen otros caladeros donde la flota podría desarrollar su actividad, tanto si se alcanza un nuevo acuerdo como si las negociaciones fracasan. Sin embargo, los armadores no comparten plenamente esta valoración y consideran que las alternativas son limitadas.
Los buques merluceros, como el ‘Fuente de Macenlle’, no disponen de opciones claras para trasladar su actividad. En el caso de los marisqueros andaluces, Guinea-Bisáu podría convertirse en una alternativa, aunque existe preocupación por el riesgo de sobreexplotación de sus recursos pesqueros. Los atuneros, por su parte, cuentan con más posibilidades de operar en otros caladeros gracias a los acuerdos existentes.
La incertidumbre ha provocado críticas hacia la gestión de las negociaciones por parte de las instituciones europeas. María José de Pazo ha denunciado la falta de planificación y transparencia, advirtiendo que la situación puede empujar a los armadores europeos a cambiar de bandera para mantener su actividad. También ha expresado su preocupación por los trabajadores del sector, quienes desconocen si podrán mantener sus empleos y cumplir con sus compromisos económicos mientras se resuelve el futuro del acuerdo.
Por el momento, la flota española deberá abandonar las aguas mauritanas mientras continúan las negociaciones para intentar recuperar el acceso a uno de los caladeros fundamentales para la pesca española.
