La Diputación Provincial de Huesca ha encargado a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca un estudio económico con el objetivo de identificar y cuantificar los perjuicios derivados del retraso en la ejecución de la variante de Sabiñánigo de la A-23. Este encargo busca proporcionar datos objetivos sobre el coste que la paralización de las obras, que llevan meses detenidas, está generando al tejido empresarial del Pirineo.
La importancia de este estudio se ha visto acentuada tras el incumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias del último requerimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que ha impedido el inicio de los trabajos necesarios para recuperar los accesos a Sabiñánigo, cerrados desde el verano de 2025. Esta situación genera incertidumbre entre los vecinos y diversos sectores económicos, especialmente con la proximidad de la temporada turística de invierno.
La Diputación de Huesca ha mantenido reuniones con asociaciones locales para conocer de primera mano las consecuencias de esta situación. La institución ha expresado su preocupación por el retraso de esta infraestructura estratégica para el Alto Aragón, inquietud que también comparten las Cámaras de Comercio de Aragón, que advierten sobre las repercusiones para la actividad empresarial y la competitividad del territorio.
El presidente de la Diputación, Isaac Claver, ha señalado que “es hora de hablar de las consecuencias. Queremos saber cuánto le está costando al Alto Aragón este retraso, porque detrás de los atascos y los desvíos hay empresas, trabajadores y familias que llevan demasiado tiempo soportando esta situación”.
El estudio se centrará en los efectos sobre diversos sectores como el comercio, la hostelería, el turismo, el transporte y la industria. Se analizarán tanto los perjuicios directos como los indirectos, incluyendo los sobrecostes en los desplazamientos, las dificultades de acceso y la repercusión sobre la actividad empresarial y el empleo.
Uno de los aspectos clave será calcular el coste económico del tiempo adicional que deben dedicar a sus desplazamientos los vecinos, trabajadores, transportistas y visitantes debido a las afecciones de las obras. Para ello, se utilizarán herramientas como las recomendaciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que contemplan la valoración económica del tiempo de viaje y los costes asociados.
Además, se llevarán a cabo encuestas a agentes territoriales y empresas para identificar impactos cualitativos adicionales en la provincia. El análisis también considerará las limitaciones de los itinerarios alternativos, especialmente la carretera A-132, que ha registrado obras, restricciones de circulación y cortes temporales en horarios determinados durante 2026.
Con este estudio, la Diputación espera contar con una base técnica y documental que le permita trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el alcance económico y social de las afecciones, así como reforzar la reivindicación de una solución definitiva que restablezca la normalidad en la zona.
