Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón, ha denunciado que el gobierno de Jorge Azcón ha convertido a Aragón en una de las comunidades autónomas con la vivienda protegida más cara del país. Durante un coloquio celebrado en Huesca, organizado por Juventudes Socialistas del Alto Aragón, Alegría afirmó que en menos de dos años el precio de la vivienda protegida ha subido un 25%. En concreto, una vivienda de 90 metros cuadrados ha pasado de costar alrededor de 150.000 euros a casi 200.000 euros.
Alegría criticó que el gobierno de Azcón, por "una cuestión de sectarismo ideológico", se haya negado a implementar la Ley de Vivienda y a declarar zonas tensionadas. Según la líder socialista, este rechazo impide que las familias que destinan al menos el 30% de su renta media a pagar la hipoteca o el alquiler, situación que se da en la mayoría de los municipios aragoneses, puedan acceder a ayudas necesarias.
La secretaria general del PSOE también destacó que otras comunidades autónomas, como Navarra, Cataluña y Galicia, han aplicado la Ley de Vivienda, lo que ha permitido declarar zonas tensionadas y, en consecuencia, reducir los precios de alquiler en ciudades como Barcelona y A Coruña. Alegría calculó que, si Zaragoza, Huesca y Teruel fueran declaradas zonas tensionadas, Aragón podría recibir más de 20 millones de euros para adquirir viviendas y mejorar las ayudas al alquiler para los jóvenes.
Manuel Díez, secretario general de Juventudes Socialistas del Alto Aragón, se sumó a la crítica, señalando la creciente preocupación entre los jóvenes por el acceso a una vivienda digna y asequible. Según Díez, las políticas del gobierno de PP y Vox han frustrado las expectativas de la juventud y de la sociedad en general, especialmente en zonas turísticas donde el precio de la vivienda ha aumentado significativamente desde 2023.
El aumento del precio de la vivienda en lugares como Jaca, donde un apartamento de 70 metros cuadrados cuesta 800 euros al mes, ha llevado a muchas personas a compartir habitaciones, lo que dificulta la llegada de profesionales como médicos y profesores a la región. Díez concluyó que, si se hubieran aplicado las zonas tensionadas en Jaca, situaciones críticas como el incremento de casi 400 euros al mes en el alquiler de un bloque de protección oficial no habrían ocurrido.
