El PSdeG defendió en el Parlamento de Galicia una proposición de ley destinada a garantizar que toda la vivienda protegida cuente con protección permanente, sin excepciones. Esta iniciativa, que busca modificar el artículo 60 de la Ley 8/2012 de vivienda de Galicia, fue rechazada por los votos en contra del Partido Popular (PP).
El portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, Aitor Bouza, argumentó que la propuesta representa «una decisión política que define cómo entendemos la vivienda». En su intervención, Bouza planteó una reflexión sobre el futuro de los jóvenes que hoy viven en familias humildes, cuestionando si la vivienda protegida que se construye actualmente seguirá siendo una oportunidad para ellos en el futuro.
Bouza destacó que, aunque es necesario construir más viviendas, esto no es suficiente si no se garantiza su protección a largo plazo. En este sentido, criticó las excepciones que aún se mantienen en el artículo 60, que establece un periodo de protección de 30 años para la mayoría de las viviendas protegidas y de 15 años para aquellas de protección autonómica destinadas al alquiler. Según el diputado, estas excepciones permiten que las viviendas protegidas que reciben fondos públicos puedan perder su estatus de protección.
El portavoz socialista cuestionó al PP sobre su capacidad para asegurar que ninguna vivienda protegida que reciba apoyo público perderá su condición de protección con el tiempo. Bouza también acusó al PP de utilizar la expresión «vivienda pública» de manera engañosa, sugiriendo que todo está blindado, y calificó esta actitud de «trilerismo».
En respuesta a las críticas del diputado popular Roberto Rodríguez, Bouza recordó que la Xunta aplica la protección permanente cuando hay financiación estatal, lo que implica que deben seguir el plan estatal de vivienda aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, subrayó que la ley gallega de 2008 ya establecía una protección indefinida para las viviendas de promoción y titularidad públicas, mientras que la ley de Feijóo de 2012 redujo este periodo a 30 años.
El diputado también mencionó que la Xunta había recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley estatal de vivienda de 2023, que establecía la protección permanente, y que el tribunal anuló este artículo por invadir competencias autonómicas. Bouza citó ejemplos de otras comunidades autónomas, como Navarra y Baleares, que ya han implementado la protección permanente para toda la vivienda protegida.
En su intervención, Bouza criticó la falta de construcción de vivienda pública en Galicia durante los últimos años, señalando que en 2014 se iniciaron solo 141 viviendas protegidas. Además, instó al PP a votar a favor de la propuesta del PSdeG, recordando que siete de cada diez inscritos en el registro de demandantes optan por el alquiler.
Finalmente, Bouza cuestionó el cumplimiento de las promesas realizadas por el PP en relación al acceso a la vivienda, instando a los populares a seguir el ejemplo de Feijóo en la movilización de viviendas vacías y a apoyar la creación de un banco público de alquiler, que fue rechazado en el Parlamento.
