Los sindicatos CCOO y UGT han expresado su satisfacción por la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026, que introduce avances significativos para fortalecer la función social de la vivienda y mejorar la protección de las personas inquilinas. Sin embargo, ambos sindicatos han lamentado el rechazo del Real Decreto-ley 28/2026, considerado esencial para garantizar la estabilidad en el mercado del alquiler.
La votación reciente pone de manifiesto la existencia de fuerzas políticas que obstaculizan medidas necesarias para abordar la emergencia habitacional, una de las principales preocupaciones sociales en el país. El RDL 29 incluye varias medidas que CCOO y UGT han estado demandando, tales como:
- Regulación del alquiler temporal y por habitaciones.
- Suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
- Ampliación de derechos para las personas arrendatarias.
- Límites a compras especulativas.
- Fiscalidad sobre viviendas vacías y alojamientos turísticos.
- Protección permanente del parque público de vivienda.
- Nuevos instrumentos para aumentar la oferta de vivienda asequible.
A pesar de estos avances, los sindicatos consideran que son insuficientes. La efectividad de varias de estas medidas dependerá de la declaración autonómica de zonas tensionadas, y algunas son de carácter temporal. También se ha señalado la necesidad de una mayor progresividad en los incentivos fiscales y un refuerzo en los registros, inspecciones y sanciones.
CCOO y UGT han subrayado la urgencia de establecer un parque público permanente de vivienda asequible, con una inversión pública que alcance al menos el 1% del PIB. En relación al RDL 28/2026, ambos sindicatos han criticado la falta de respuesta del PNV ante la movilización social que tuvo lugar recientemente, donde la Huelga General y las manifestaciones evidenciaron que el acceso a una vivienda digna es una preocupación central de la clase trabajadora.
El rechazo del RDL 28/2026, que habría promovido una mayor estabilidad en el alquiler, es visto como un retroceso en la protección de los inquilinos. Este decreto buscaba prolongar las relaciones contractuales y evitar que el vencimiento de un contrato se utilizara para expulsar a inquilinos y volver a colocar las viviendas en el mercado a precios más altos.
Los sindicatos han denunciado la insensibilidad política de aquellos partidos que bloquean medidas destinadas a limitar la especulación y proteger a las personas inquilinas, favoreciendo un modelo basado en el rentismo y el interés de grandes inversores. Entre 2015 y 2024, el precio de compraventa de la vivienda ha aumentado un 60,3%, mientras que los nuevos alquileres han crecido un 37%, en contraste con un incremento del salario medio del 21%. En los hogares con menores ingresos, el coste de la vivienda puede absorber entre el 60% y el 80% de la renta, lo que ha llevado a que 1,9 millones de personas se encuentren en riesgo de pobreza.
La reciente decisión parlamentaria se produce tras una Huelga General que ha dejado claro que la vivienda es una prioridad que no puede ser ignorada. CCOO y UGT hacen un llamado al próximo Gobierno para que, independientemente de su composición, sitúe la vivienda entre sus principales prioridades y actúe con decisiones concretas que garanticen estabilidad en los contratos de alquiler y frenen la especulación.
La urgencia de actuar es evidente, y los sindicatos advierten que no se pueden permitir más aplazamientos ni soluciones parciales ante un problema que afecta profundamente a salarios, empleo y cohesión social. La clase trabajadora ha expresado su mensaje de manera contundente, y ahora corresponde a las administraciones y fuerzas políticas responder con soluciones efectivas.
