ARAMÉS–Front Ampli ha lanzado una iniciativa clave en su programa electoral destinada a combatir la especulación inmobiliaria en las Islas Baleares. La propuesta consiste en la creación de un impuesto anual del 10% sobre el valor de las viviendas que los grandes propietarios mantengan vacías o que no destinen a alquiler estable y asequible.
Este gravamen se aplicaría exclusivamente a aquellos propietarios que acumulen cuatro o más inmuebles, buscando desincentivar la acumulación de viviendas y facilitar su retorno al mercado residencial. La candidata al Congreso, Carme Gomila, presentó la propuesta durante una visita a Son Güells, en Palma, acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Desigualdad en el mercado inmobiliario
En Son Güells, donde se observa un asentamiento de personas que viven en caravanas debido a la falta de acceso a viviendas convencionales, también se están desarrollando nuevas promociones residenciales de alto nivel adquisitivo. Gomila destacó esta dualidad como una clara representación de la desigualdad generada por el actual modelo inmobiliario.
“En Son Güells vemos dos realidades que conviven a pocos metros. Por una parte, personas que tienen que vivir dentro de una caravana porque no pueden pagar una casa. Por la otra, promociones inmobiliarias pensadas para quienes pueden pagar precios que la inmensa mayoría de mallorquines no se pueden permitir”, afirmó Gomila.
La propuesta establece que un propietario con una vivienda valorada en 300.000 euros que esté sujeta al impuesto tendría que tributar 30.000 euros anuales. Sin embargo, aquellos que destinen sus viviendas a residencia habitual o a alquiler asequible quedarían exentos de este gravamen.
Objetivos y justificación del impuesto
Gomila subrayó que el propósito del impuesto no es aumentar la recaudación, sino desincentivar la especulación inmobiliaria. “Queremos que especular deje de ser rentable. Que los grandes propietarios tengan un incentivo real para poner los pisos a disposición de la gente que los necesita”, enfatizó.
La medida busca abordar una de las causas del encarecimiento del mercado inmobiliario: la acumulación de viviendas como activos de inversión, en detrimento de su función social. Según datos de la coalición, el precio medio de compraventa en el último trimestre se ha situado en torno a los 630.000 euros para viviendas de obra nueva y 470.000 euros para las de segunda mano.
Presión de compradores no residentes
La coalición ha señalado que el 23% de las compraventas de viviendas en Baleares en 2025 correspondieron a compradores no residentes, una cifra que supera significativamente la media estatal. “Las familias de aquí tienen que competir con grandes fortunas y empresas que compran viviendas como quien compra acciones. Esta competencia es profundamente desigual”, afirmó Gomila.
Propuestas adicionales para el mercado inmobiliario
El impuesto contra la especulación forma parte de un conjunto de propuestas que incluyen la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes, con el fin de reducir la presión de la demanda inversora. La coalición considera que estas medidas permitirían frenar la escalada de precios y facilitar que miles de viviendas actualmente no residenciales se incorporen al mercado de alquiler o compraventa para residencia habitual.
“Debemos poner límites y decidir que las casas deben ser, en primer lugar, para vivir”, concluyó Gomila, subrayando la necesidad de abordar la emergencia residencial que afecta a las Islas Baleares.