Tras las concentraciones matutinas, las calles de Castilla-La Mancha se han llenado nuevamente de trabajadores y trabajadoras, junto a colectivos sociales y plataformas de inquilinos, para exigir la garantía del derecho a una vivienda digna y salarios que permitan hacer frente al creciente aumento de los precios. Estas manifestaciones, enmarcadas en una huelga general que ha registrado un seguimiento del 60% en la comunidad autónoma, se llevaron a cabo en las cinco capitales de provincia, a pesar de las inclemencias meteorológicas.
En Toledo, alrededor de 4.000 personas se unieron a la protesta. La secretaria general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) de Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, destacó que “esta manifestación es un clamor -una voz única- de UGT, CCOO y las asociaciones y plataformas que aquí nos encontramos”. Alcónez instó a las administraciones, partidos políticos y a la sociedad en general a garantizar el acceso a la vivienda y a asegurar que los salarios sean suficientes para sostener la vida de las personas.
“No puede ser que la clase trabajadora participe y colabore en generar los grandes beneficios de las empresas y que, paralelamente, haya un reparto tan injusto de esa riqueza”, afirmó Alcónez, enfatizando la necesidad de salarios dignos que permitan a los trabajadores vivir con dignidad. La líder sindical también urgió a la patronal a retomar las negociaciones de los convenios colectivos, señalando que su paralización afecta directamente a la posibilidad de que los trabajadores tengan un proyecto de vida.
El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, calificó esta jornada de movilización como “histórica”, destacando la participación de toda la ciudadanía convocada por entidades sociales y plataformas de inquilinos. Ortega agradeció la colaboración de estas organizaciones y lanzó un mensaje claro a la clase política: “La vivienda es el principal problema socioeconómico de la clase trabajadora, especialmente de las personas jóvenes”.
Ortega instó a la Junta de Comunidades a asumir su responsabilidad en la creación de vivienda pública y a implementar mecanismos que faciliten el acceso a precios asequibles. “Hoy ha habido una alianza entre las personas jóvenes y las mayores que buscan puntos de conexión porque una sociedad que no cuida a su gente no es una sociedad responsable”, concluyó, reiterando la necesidad de salarios dignos y de considerar la vivienda como un derecho y no un privilegio.
