La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha solicitado un apoyo público diferenciado para la agricultura y ganadería familiar en el marco del borrador del próximo Plan de Seguros Agrarios Combinados. La organización argumenta que las explotaciones presentan necesidades, dimensiones y capacidades económicas muy distintas, lo que justifica un tratamiento específico.
UPA ha valorado positivamente la consolidación de un presupuesto de 315 millones de euros para el sistema de seguros agrarios, cifra que supera la asignada en los Presupuestos Generales del Estado de hace tres años. Sin embargo, la organización considera esencial avanzar hacia un modelo de ayudas más justo y progresivo, que dirija los recursos públicos hacia quienes más los necesitan.
Entre sus propuestas, UPA plantea que los fondos de inversión queden excluidos de las subvenciones públicas para la contratación de seguros agrarios, argumentando que la modulación del 50% que se les aplica actualmente es insuficiente. Además, solicita que las explotaciones de titularidad compartida sean exentas de esta modulación, al igual que los agricultores jóvenes y las explotaciones prioritarias.
La organización también aboga por eliminar la deducción de los primeros 60 euros de subvención de cada póliza, medida que afecta desproporcionadamente a las pequeñas y medianas explotaciones. En caso de que esta deducción se mantenga, UPA propone que se exima a los colectivos ya libres de modulación.
UPA enfatiza la necesidad de que los seguros agrarios reflejen la realidad económica de las explotaciones, sugiriendo que los precios asegurables de los productos consideren los costes de producción, en línea con los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria. También propone que los seguros complementarios reciban los mismos porcentajes de subvención que los seguros principales, lo que permitiría ajustar las producciones aseguradas a las expectativas reales de cosecha.
La organización ha solicitado la realización de estudios específicos sobre el nivel de apoyo público y la siniestralidad en función del tamaño de las explotaciones, así como sobre la evolución del coste final que soportan los asegurados. “Disponer de estos datos resulta fundamental para evaluar si las ayudas están llegando de manera adecuada a los distintos modelos productivos”, han afirmado.
Ante la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, UPA demanda la implementación efectiva de la medida 27 de las 43 acordadas con el Ministerio de Agricultura para abordar la siniestralidad extraordinaria, mediante fondos complementarios externos al Sistema de Seguros Agrarios. La organización advierte que la solución a las tensiones provocadas por el cambio climático no puede implicar la reducción de garantías o el aumento de las primas que deben pagar los agricultores y ganaderos.
Además, UPA propone estudiar una línea específica de seguros o garantías reforzadas contra incendios, que cubran las pérdidas reales de animales, cultivos y maquinaria, sin franquicias. También se solicita que se contemple el sobrecoste de alimentación del ganado extensivo cuando los incendios impidan el uso de pastos, con periodos indemnizables que reflejen el tiempo real de recuperación de las superficies afectadas.
En el ámbito ganadero, UPA sugiere recuperar el concepto de ayuda de explotación, permitiendo que la contratación de varias líneas de seguro acceda a subvenciones adicionales, especialmente en sectores como el ovino y el caprino, que enfrentan dificultades económicas.
En el sector del olivar, la organización pide facilitar la incorporación de nuevos asegurados, modificando las condiciones que actualmente penalizan a quienes carecen de historial de aseguramiento. Se propone un modelo de incorporación progresiva, con un periodo de tres años para obtener datos reales sobre la capacidad productiva y el riesgo de cada explotación.
Finalmente, UPA reclama revisar los rendimientos asegurables para una mejor adaptación a la capacidad productiva de las parcelas y solicita que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo presupuestario equivalente al del Ministerio, informando sobre los niveles de subvención y criterios aplicados en cada territorio. “El seguro agrario es una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de las explotaciones y la estabilidad de las rentas agrarias. Su futuro debe construirse desde la equidad, priorizando a la agricultura y ganadería familiar”, concluyen.