La Ley de Medidas en Materia de Urbanismo y Vivienda de Castilla-La Mancha ha sido aprobada con el objetivo de incorporar nuevos usos residenciales para suelo y edificios de titularidad pública. Esta normativa busca ampliar el parque público residencial, impulsar la vivienda protegida y facilitar la regeneración urbana, especialmente en pequeños municipios.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que la nueva regulación permitirá destinar edificios y parcelas de la Junta, así como de otras administraciones, a vivienda protegida o dotacional, incluso si el planeamiento vigente había previsto inicialmente su uso para equipamientos. Además, se contempla que el suelo terciario vacío también podrá ser utilizado para vivienda.
Creación de un patrimonio público residencial
La norma establece la creación de un patrimonio público residencial diferenciado y de carácter finalista. Asimismo, se prevé la creación de un parque público de vivienda social, cuyo alquiler se fijará en función de los ingresos de los inquilinos, con especial atención a la población joven.
Incrementos en edificabilidad y densidad
En cuanto a la promoción de vivienda protegida, la ley permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en determinadas parcelas, así como añadir hasta dos plantas a la altura prevista, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. Estos incrementos estarán condicionados a que el 100% del aprovechamiento residencial adicional se destine a vivienda protegida.
Planes de Rehabilitación Urbana
La regulación también incluye los Planes de Rehabilitación Urbana, diseñados para intervenir en situaciones de infravivienda o en zonas degradadas por antiguos usos industriales. Estos instrumentos facilitarán la regeneración en áreas urbanas con dificultades para su desarrollo mediante los mecanismos de planeamiento habituales.
Asistencia a municipios en riesgo de despoblación
Los municipios en riesgo de despoblación que justifiquen una necesidad de vivienda podrán acceder a Planes Especiales que permitan un crecimiento residencial ordenado. Además, se reducirán a la mitad los plazos de tramitación para estos planes, y se establecerá un mecanismo de asistencia para municipios con menos de 10.000 habitantes, que incluirá ayudas en especie para la elaboración del planeamiento urbanístico.
