El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan de Inspección de Vivienda Protegida para el periodo 2026-2028, diseñado para organizar y priorizar las actuaciones de control sobre este tipo de viviendas. El objetivo es asegurar que se cumplan las condiciones establecidas para su uso y mantener la integridad del parque residencial.
Andalucía cuenta actualmente con 216.482 viviendas protegidas calificadas entre 1996 y 2025. La magnitud y dispersión de este parque requieren una planificación específica para verificar que los inmuebles cumplen con los requisitos de uso durante su periodo de protección.
Ámbitos prioritarios del nuevo plan
El Plan de Inspección se centrará en varias áreas clave:
- Evitar la desocupación de viviendas protegidas.
- Asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos legales para acceder a estas viviendas.
- Detectar incumplimientos en la utilización de las viviendas protegidas.
Además, se incluirán acciones para identificar viviendas protegidas que se estén utilizando como alojamientos turísticos, así como investigar operaciones de compraventa o alquiler que superen los precios máximos autorizados.
Metodología de inspección
La planificación del nuevo plan permitirá seleccionar las actuaciones inspectoras basándose en criterios objetivos de carácter sectorial, territorial y cuantitativo. Esto facilitará la determinación de prioridades en cuanto a los ámbitos, objetivos e inmuebles que serán objeto de inspección.
El Plan de Inspección se fundamenta en la experiencia de programas anteriores y se adapta a las directrices establecidas por la Ley de Vivienda de Andalucía de 2025. Incorpora mecanismos de seguimiento que permitirán evaluar su ejecución, con informes anuales para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y detectar incidencias. Al finalizar su vigencia, se realizará una evaluación general de los resultados obtenidos.
Este plan, que tendrá una duración de dos años y podrá prorrogarse por un año adicional, se enmarca dentro de las competencias de inspección y control asignadas a la Junta de Andalucía según la Ley de Vivienda, que establece que la actividad inspectora debe ser planificada y programada.
