Dos sucesos recientes han puesto en el centro del debate social a los llamados “fondos buitre”. El primero es el desahucio de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido 71 años en su vivienda de alquiler, instado por la empresa Urbagestión. El segundo caso involucra a los vecinos arrendatarios del edificio de “Los Ochos” en Erandio, quienes han recibido notificaciones del fondo Mosaic, su arrendador, informándoles de la no renovación de sus contratos de alquiler y solicitando que abandonen sus viviendas.
La empatía hacia las personas afectadas y la percepción de que algo está fallando en el sistema legal han incrementado la demanda de medidas que frenen la actividad de estas entidades. Sin embargo, no existe una categoría jurídica específica que defina a los “fondos buitre”, lo que dificulta su regulación. El término “buitre” es más bien económico o coloquial, utilizado para describir a ciertos fondos de inversión que se especializan en adquirir activos a precios bajos cuando sus propietarios están en situaciones de debilidad económica.
Inicialmente, los fondos buitre se centraron en la compra de títulos de deuda pública emitidos por Estados al borde de la quiebra, lo que les otorgaba una posición de fuerza en las negociaciones con los gobiernos deudores. Con el tiempo, esta estrategia se ha extendido a la compra de viviendas. Un ejemplo de ello es la venta en 2013 por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas a un fondo de inversión, que se convirtió en arrendador, permitiéndole establecer alquileres a precios de mercado o expulsar a los inquilinos.
Aunque el término “fondos buitre” se asocia principalmente a ciertos fondos de inversión, el comportamiento depredador también se ha observado en otras empresas y entidades. En respuesta a esta problemática, países como Bélgica, Reino Unido, Holanda y Canadá han implementado límites a las acciones de estos fondos para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad.
En España, el intento reciente de limitar las actuaciones de estas entidades se centró en la adquisición de vivienda, pero la mayoría del Congreso de los Diputados no consideró oportuno aprobarlo. Por lo tanto, por el momento, los fondos buitre continúan operando con plena libertad para llevar a cabo su estrategia.
