El PSOE ha calificado de “desastre” la gestión de las viviendas protegidas de alquiler (VPO) en el sector Universidad, al dejar sin vivienda a más del 90% de los adjudicatarios. La viceportavoz socialista y responsable del área de Vivienda, Carmen Martín, presentará en la próxima comisión una moción para denunciar que, tras cuatro meses, apenas se han formalizado 12 de los 91 pisos de la promoción R15.
Martín ha señalado que a los solicitantes se les exigen hasta 167 documentos y requisitos económicos que son casi un 50% superiores a los de otras promociones públicas en la misma zona. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado el “auténtico fracaso” del modelo de gestión público-privado impulsado por el equipo de gobierno para las VPO en el Distrito Universidad, que incluye las promociones R3, R11, R12 y R15, gestionadas por las empresas privadas Lagoom Living y Sogeviso.
La edil ha alertado que más del 90% de las personas adjudicatarias en el sorteo, realizado ante fedatario público por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), están siendo expulsadas “por la puerta de atrás y sin derecho a reclamación”. Martín ha calificado la situación de “muy grave e injusta”, responsabilizando directamente al Ayuntamiento de Málaga.
En sus declaraciones, ha criticado “la opacidad y la indefensión” en la que se encuentran numerosas familias que ya contaban con bloque, piso y puerta asignados. “Es inaceptable que a estas familias, tras años solicitando una vivienda asequible, se les notifique que tienen asignada una vivienda, y días después reciban otro correo, algunos redactados por inteligencia artificial, denegando esa posibilidad sin explicación ni opción de reclamar”, ha subrayado.
Martín también ha calificado de incomprensible que “familias que están pagando más de 1.000 euros en el mercado libre vean denegado un alquiler asequible de 600 euros”. Ante esta situación, ha anunciado que exigirá en la próxima comisión de Derechos Sociales y Vivienda la “paralización inmediata de la adjudicación de las viviendas” hasta que se aclare la situación, así como una revisión integral de todos los expedientes rechazados por funcionarios públicos del IMV.
Además, ha solicitado transparencia sobre los criterios económicos aplicados por la empresa privada y la aprobación de un protocolo municipal común que garantice los derechos de los solicitantes.
Por su parte, Laura García, portavoz de la Plataforma de Afectados VPO Málaga, ha detallado los continuos incumplimientos de las bases aprobadas por el IMV y Lagoom Living, recordando que “casi el 50% de la construcción de estas promociones se financia con recursos públicos”, incluyendo más de 13,5 millones de euros en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y más de 50 millones de euros en fondos ICO y ayudas de la Junta de Andalucía.
García ha denunciado que, mientras en las promociones estrictamente públicas del mismo distrito, como la R10 o la R16, se exige un mínimo de ingresos de 15.500 euros anuales, en estas promociones de características similares, el fondo inversor sueco eleva el umbral mínimo hasta los 23.300 o 23.500 euros, casi un 50% más, dejando en el caso de la R15 una horquilla de apenas 918,60 euros respecto al máximo permitido para unidades de una persona (24.418,60 euros).
La plataforma ha dado un plazo máximo de 72 horas al Ayuntamiento y al IMV para ofrecer soluciones por escrito antes de emprender acciones legales.