La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Pablo Rodríguez, ha registrado en 2026 un total de 835 solicitudes para la calificación provisional de viviendas protegidas de promoción privada. Este aumento en la actividad promotora indica una consolidación de la tendencia hacia la promoción de vivienda protegida en el archipiélago, en contraste con los niveles de actividad de años anteriores.
La calificación provisional es un indicador clave de la actividad en este sector, ya que permite a los promotores acogerse al régimen de protección pública antes de iniciar la construcción. Este trámite puede ser solicitado por personas físicas o jurídicas, incluidas cooperativas y comunidades de bienes.
Evolución de las solicitudes
La evolución de las solicitudes de calificación de viviendas protegidas ha mostrado un cambio notable en los últimos años. En 2021, se registraron solo tres solicitudes para la calificación de 112 viviendas. En 2022, esta cifra descendió a dos solicitudes para 78 viviendas. Sin embargo, en 2023 se observó un primer repunte, con 14 solicitudes correspondientes a 414 viviendas.
A partir de 2024, el crecimiento ha sido constante. Desde ese año hasta octubre de 2026, se han registrado más de 200 solicitudes para calificar un total de 4.428 viviendas protegidas en Canarias. En 2024, se contabilizaron 75 solicitudes para 2.004 viviendas, y en 2025, 95 solicitudes para 1.589 viviendas. En 2026, las solicitudes incluyen 835 viviendas protegidas.
Declaraciones del consejero
Pablo Rodríguez ha señalado que “la evolución de las solicitudes permite conocer cómo se comporta la actividad promotora de vivienda protegida y qué necesidades existen para seguir ampliando la oferta residencial en Canarias”. Además, ha destacado que “el acceso a la vivienda requiere una respuesta sostenida en el tiempo, en la que intervengan las administraciones públicas y el sector privado, teniendo en cuenta las particularidades de cada isla y las necesidades de la población”.
En este contexto, Rodríguez ha subrayado la importancia de continuar trabajando en la simplificación de los procedimientos administrativos, la disponibilidad de suelo y la adecuación de las condiciones económicas de las promociones a la realidad de los costes de construcción, entre otros aspectos.
