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Cristina Valido propone limitar la compra de vivienda por extranjeros en Canarias y crear un fondo estatal para vivienda pública

La candidata de Coalición Canaria al Congreso, Cristina Valido, ha solicitado una reforma legislativa para restringir la adquisición de viviendas por parte de extranjeros en Canarias, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda para los residentes y proteger su derecho a permanecer en las islas.

Cristina Valido propone limitar la compra de vivienda por extranjeros en Canarias y crear un fondo estatal para vivienda pública

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha exigido una reforma legislativa que limite la compra de vivienda en Canarias por extranjeros. Su objetivo es facilitar el acceso a un hogar para los residentes y proteger su derecho a permanecer en las islas.

Durante una rueda de prensa en la sede de Coalición Canaria en Tenerife, Valido afirmó: “No podemos permitir que el acceso a un hogar se convierta en un obstáculo para que nuestra gente pueda quedarse en Canarias”. La candidata destacó la necesidad de actuar frente a la presión sobre el mercado residencial y de garantizar que la vivienda cumpla su función social.

Propuestas para el acceso a la vivienda

Valido ha reclamado al Estado que defienda ante la Unión Europea un régimen específico para Canarias, considerando su condición de región ultraperiférica. La propuesta incluye impulsar reformas que aseguren que las medidas adoptadas sean justificadas, proporcionadas y compatibles con el marco jurídico europeo.

La candidata subrayó que “Canarias necesita capacidad propia para ordenar su crecimiento y responder a las dificultades que afrontan las familias trabajadoras, la juventud y las personas que desean desarrollar su proyecto de vida en el Archipiélago”. Aunque reconoció el esfuerzo del Gobierno de Canarias para aumentar la oferta de vivienda pública, insistió en la necesidad de reforzar estas medidas.

Fondo estatal y Ley Canaria de Residencia

Valido propuso la creación de un fondo estatal para cofinanciar vivienda pública y asequible, con una asignación específica para Canarias que se ajuste a sus necesidades. Este fondo permitiría la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas, así como la compra de suelo y edificios disponibles.

Además, la candidata abogó por reformas estatales y europeas que hagan viable una Ley Canaria de Residencia, con el fin de ordenar el crecimiento poblacional y respetar los límites del territorio. Valido destacó que Canarias es un territorio singular, caracterizado por la insularidad, la escasez de suelo y el crecimiento demográfico, factores que encarecen la construcción en las islas.

Iniciativas para abordar la emergencia habitacional

Valido también hizo hincapié en la necesidad de movilizar viviendas vacías y fomentar el alquiler de larga duración. Propuso mejorar los incentivos fiscales para pequeños propietarios que incorporen sus viviendas a programas de alquiler asequible, garantizando la conservación y el cobro.

La candidata nacionalista defendió que estas medidas deben ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, buscando un equilibrio entre inquilinos y propietarios, y diferenciando a los pequeños propietarios de los grandes tenedores y fondos de inversión, dado que más del 70 % de los propietarios en el Archipiélago son pequeños propietarios.

Regulación del uso turístico de viviendas

Valido también abogó por dotar a Canarias y sus municipios de la cobertura jurídica necesaria para regular y limitar los usos turísticos de las viviendas en áreas con presión sobre el mercado residencial. La regulación debería distinguir entre el uso ocasional de una vivienda y su explotación profesional o intensiva, permitiendo a las administraciones proteger la función residencial de los pueblos y ciudades del Archipiélago.

En conclusión, Valido reiteró la necesidad de más vivienda asequible y de capacidad para ordenar el crecimiento, protegiendo el derecho de los residentes a vivir y permanecer en Canarias. Lamentó que la política actual impida alcanzar acuerdos mínimos en materia de vivienda.

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