Jorge Pueyo, presidente de Chunta Aragonesista (CHA), ha instado a la ciudadanía aragonesa a unirse a la huelga programada para el 11 de noviembre, con el objetivo de defender el derecho a una vivienda digna y asequible. Pueyo ha destacado que la crisis habitacional se ha convertido en una problemática urgente, especialmente para los jóvenes.
«La vivienda es un derecho, no un negocio. Invitamos a toda la ciudadanía aragonesa a sumarse a la huelga y a las movilizaciones convocadas porque no podemos normalizar que trabajar no sea suficiente para poder vivir», ha declarado Pueyo.
El presidente de CHA ha enfatizado que la vivienda es fundamental para la vida y dignidad de las personas, advirtiendo que la especulación inmobiliaria está socavando este cimiento. «La paciencia se ha agotado y paramos para defender nuestro derecho a vivir en nuestra tierra, no simplemente a sobrevivir», ha añadido.
Pueyo ha señalado que la crisis habitacional impacta de manera desproporcionada en la juventud, quienes enfrentan dificultades para emanciparse debido a la precariedad laboral y los altos precios de los alquileres. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, el esfuerzo que tendría que realizar una persona joven para alquilar una vivienda en solitario alcanza el 98,7 % de su salario.
Además, ha alertado sobre el riesgo de que la población sea desplazada de sus barrios y pueblos, especialmente en localidades turísticas de Aragón, donde la proliferación de viviendas turísticas y la presión especulativa dificultan la permanencia de los residentes locales. «No podemos permitir que nuestras ciudades se conviertan en escaparates impersonales ni que nuestros pueblos sean parques temáticos estacionales», ha afirmado Pueyo.
Ante esta situación, CHA ha reclamado la necesidad de regular e intervenir en el mercado inmobiliario para asegurar alquileres asequibles, frenar la especulación, establecer contratos de alquiler indefinidos e incrementar la inversión en vivienda pública tanto en áreas urbanas como rurales. Pueyo ha concluido enfatizando que «la vivienda es un derecho estatutario y constitucional, no un activo financiero al servicio de quienes buscan maximizar sus beneficios».
