El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido un modelo de vivienda pública centrado en la protección de las familias que realmente necesitan apoyo de la Administración. Durante su intervención en la Junta General del Principado, Zapico afirmó: “En Vipasa no hay desahucios ni los va a haber”.
Actualmente, más de 2.000 familias están protegidas gracias a un protocolo de impagos que permite intervenir ante dificultades económicas, renegociar las rentas y establecer fórmulas de pago adaptadas a las circunstancias de los hogares. Zapico subrayó su compromiso con la protección social, recordando su gestión en el caso de 20 familias en Gijón afectadas por la Sareb.
El consejero también hizo una distinción clara entre los casos que merecen protección y aquellos en los que las personas han dejado de cumplir las condiciones para permanecer en una vivienda pública. “Quienes no tienen problemas sociales ni económicos pero se niegan a pagar la renta, yo creo que son gente que ha terminado su ciclo de protección en Vipasa”, explicó.
Zapico enfatizó que el parque público de viviendas, que actualmente cuenta con 9.613 unidades, debe cumplir una función social. Hasta el 30 de septiembre, se realizaron 1.457 inspecciones para garantizar el uso adecuado de estas viviendas, detectando en una campaña anterior 73 casos de uso fraudulento.
En relación con el acuerdo entre el gobierno municipal de Gijón y Vox, que modifica las bases del programa de adjudicación de viviendas, Zapico expresó su preocupación por las implicaciones que esto tendrá en la colaboración entre administraciones. “La vamos a mirar con lupa”, advirtió sobre las futuras propuestas de adjudicación.
El consejero también presentó un ambicioso objetivo para los próximos diez años: alcanzar 15.000 viviendas en alquiler social y asequible. Además, destacó un acuerdo con la patronal para iniciar la construcción de 400 nuevas viviendas protegidas el próximo año.
Zapico defendió la aprobación de la Ley de Vivienda del Principado como una herramienta esencial para consolidar el modelo de vivienda pública, asegurando que la vivienda mantenga su función social frente a cualquier intento de mercantilización. “Unos defendemos que la vivienda es un derecho. Otros creen que es un bien de mercado”, concluyó, refiriéndose a la postura del PP sobre la venta de viviendas públicas a inquilinos.
